La Iglesia identifica 34 casos de abusos a menores desde 2020

Si bien es cierto que la mayoría de los reportados se concentran entre 1960 y 1990 (en concreto 436, el 60% del total), la tendencia aumenta conforme avanza el siglo XXI y se dispara a partir de 2020, con 34 nuevos casos en poco más de tres años.

En ese sentido conviene recordar que, ya el pasado 30 de marzo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, explicaba en una rueda de prensa que 16 de estos nuevos casos se han producido en 2022. Una cifra que devuelve el problema al nivel de los peores años.

Sorprende, además, que este incremento se dé justo cuando la Iglesia ha intensificado tanto sus acciones de prevención, en colegios y parroquias sobre todo, como los protocolos de actuación en el caso de que se produzcan. Desde la Conferencia Episcopal interpretan este incremento como fruto de una «mayor sensibilidad de lo que son los abusos y de acercar las oficinas de protección a las personas».

Además, también señalan el «contexto social» y recuerdan que según los datos de la Fiscalía sobre los delitos en España, las denuncias sobre abusos sexuales casi se han duplicado en la última década y «la Iglesia no está exenta de esta realidad».

De hecho, el informe presentado ayer dedica un amplio capítulo, «La situación de los abusos en la sociedad española en la actualidad», a explicar esta cuestión y en el que pone de relieve que en la serie de delitos presentada por la Fiscalía, entre 2011 y 2021, «destaca que este tipo de diligencias [delitos sexuales cometidos contra menores] se ha multiplicado por 4,5 en este período, pasando de 1.180 en 2011 a 5.271 en 2021».

«No es bueno que haya más casos, pero sí que más casos se conozcan» explicaba ayer, en relación a este incremento, el director de la Oficina de información de la CEE, José Gabriel Vera, encargado de dar los datos recopilados en el informe. Sin embargo, las razones aportadas por los obispos no justifican por completo este incremento.

El criterio de la sensibilidad a la hora de denunciar es el mismo para cada uno de los 728 abusadores reconocidos pues todos –sin excepción e independientemente de cuando se produjeran– han sido denunciados ante las Oficinas a partir de 2020, fecha en la que se crearon.

Tampoco sirve la idea de que estas cuestiones requieren una madurez de la víctima antes de ser verbalizadas, pues tampoco explica porqué en la primera década del siglo XXI la media de casos era de dos anuales y, una década después, ha ascendido hasta más de diez.

La anonimización con que se ha elaborado el informe impide derivar conclusiones de si este aumento se ha dado en entornos parroquiales, escolares u otros ámbitos eclesiales. Tampoco de si se ha invertido la tendencia y ahora la mayoría de abusadores son laicos, puesto que desde la última reforma del Código de Derecho Canónico, también pueden ser juzgados por vía eclesial.

Lo cierto es que, cuando más acciones ha desarrollado la Iglesia para frenar esta lacra, el número de abusos han vuelto a sus nivel más alto, sin que el informe presentado explique las razones internas de este dato.