Las normas europeas tipifican como delito el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil y el material de abuso sexual infantil en toda Europa. La Directiva incluye normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones, e introduce disposiciones para reforzar la prevención de esos delitos y la protección de las víctimas.
Igualmente, el Ejecutivo europeo exige a los Estados miembros que garanticen programas o medidas de intervención eficaces para los delincuentes.
Después de constatar la falta de una transposición correcta de todas estas normas, Bruselas ha enviado un dictamen motivado a España, junto a Irlanda y Bulgaria, que ahora disponen de dos meses para responder a las dudas de la Comisión Europea y adoptar las medidas necesarias. Pasado estos plazos, Bruselas se reserva la opción de remitir los casos al TJUE.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado a Europa Press que estudiarán «detenidamente» lo que haya dicho la Comisión, con el objetivo de conocer si le corresponde al departamento que dirige Ana Redondo tomar alguna iniciativa.
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