España, el país con más infracciones abiertas de toda la Unión Europea por incumplir normativas

Estas cifras sitúan a nuestro país a la cabeza en incumplimiento de adaptación de normativas comunitarias, ya que España se sitúa como el Estado miembro con más infracciones abiertas por parte de la Comisión Europea por incumplimiento o aplicación incorrecta de transposiciones. En total, Bruselas tiene abiertos 90 procedimientos en el caso de España, seguido de Polonia (88), Grecia (81) y Bulgaria (79), según el último informe de la Oficina del Parlamento Europeo en España sobre la influencia de la Unión Europea (UE) en la actividad legislativa española y por ende, en la vida cotidiana de los españoles. Un documento que viene elaborándose por sexto año consecutivo y que

Por otro lado, de las 24 leyes que el PSOE presume de haber sacado adelante en todo 2024 (25 contando con la última norma aprobada por el Gobierno, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, ya que el informe solo maneja datos que llegan hasta el 9 de diciembre), incluido el recuento de los reales decretos leyes, 11 derivan de directrices y decisiones europeas. Esto es, en 2024, primer año de la XV legislatura, no solo fue el ejercicio en el que menos iniciativas legislativas se aprobaron en España en todo el 'sanchismo' sin que hubiera elecciones de por medio, sino que prácticamente la mitad de estas (el 46 por ciento) derivan de directivas —es decir, son transposiciones— o reglamentos comunitarios —modificaciones de la ley nacional si entran en conflicto con estos para ajustarse a ellos— (5), o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las instituciones europeas — contienen recomendaciones, pactos europeos…respetan la línea marcada por las instituciones de la UE, pero no tienen un mandato expreso de transposición — (6).

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Patricia Romero

Se trata de las directivas europeas sobre conciliación familiar y profesional; representación paritaria de mujeres y hombres en sociedades cotizadas (la llamada 'ley de paridad' en la que el Gobierno coló dos enmiendas trampa para que el Congreso pudiera arrebatar poder al Senado, con mayoría del PP) ; intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea; la aplicación de un impuesto a multinacionales (el controvertido paquete fiscal del Gobierno que Podemos salvó 'in extremis' a cambio de un decreto energético que aún debe convalidarse en el Congreso la próxima semana) o el reglamento europeo que establece un mercado único de servicios digitales.

El porcentaje de este primer año de la XV legislatura se mantiene levemente por debajo de la media de los cinco años anteriores (que coincide con el lustro que duró la última legislatura de la Eurocámara, de 2019 a 2024) del peso de las decisiones europeas en las Cortes españolas se sitúa en el 53 por ciento.En 2023, por ejemplo, fue bastante superior, del 72 por ciento, habida cuenta del parón parlamentario por las elecciones generales anticipadas del 23-J, con lo que 18 de las 25 iniciativas legislativas aprobadas ese año tuvieron origen europeo.

Más allá de las leyes aprobadas por las Cortes, en 2024 hubo otra veintena de normativas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los Consejos de Ministros que también transponen directivas o se han adaptado a reglamentos. Entre ellos, figura un Real Decreto que aumenta la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito laboral; y otro que recoge las normas de entrada, residencia y trabajo en España para trabajadores temporeros, de alta cualificación, investigadores, estudiantes en prácticas y nacionales de terceros países (conocido coloquialmente como la 'ley de extranjería'). También uno que regula la expedición de pasaportes provisionales y salvoconductos o el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante sobre irregularidades dentro de organismos públicos.

Además, en cuanto a reglamentos europeos se refiere, de directa aplicación en todos los Estados miembros de la Unión Europea y por ende, ya forman parte del conjunto de leyes españolas, entraron en vigor el año pasado un total de 84. Destacan el reglamento que prohíbe los productos realizados con trabajos forzosos en los países miembros, el que establece normas comunes de registro de datos para alquileres turísticos en la UE, o la primera ley que regula el uso de inteligencia artificial (IA) en todo el mundo.