Bruselas aprueba la reforma que tipifica el matrimonio forzado y la adopción ilegal como delitos de trata

La reforma, adoptada por 563 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones por el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete y tras su publicación los gobiernos tendrán dos años para trasladarla a las respectivas legislaciones nacionales.

Las nuevas normas pretenden ofrecer a las autoridades judiciales y policiales herramientas más fuertes para investigar y perseguir las nuevas formas de explotación, incluidas aquellas que se dan en Internet.

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Una de las ponentes, la eurodiputada de UP María Eugenia Rodríguez Palop, ha destacado que la trata es cada vez «más sofisticada» mientras que los recursos para luchar contra ella son «rudimentarios». Por ello, considera la eurodiputada, la reforma ayudará a «localizar rápidamente a las víctimas, protegerlas y apoyarlas».

Bruselas propuso en diciembre de 2022 esta revisión de las normas comunes para reforzar la lucha contra la explotación sexual y laboral de las personas y adaptar a la realidad actual una regulación con más de veinte años ya.

Junto a las nuevas definiciones del delito, otra de las claves de la nueva norma es que se persiga penalmente en todos los países de la Unión Europea a los clientes que contraten servicios de prostitución con una persona a pesar de ser conscientes de que se trata de una víctima de trata.

En este contexto, la Eurocámara defendió en las negociaciones que se persiguiera también la «gestación subrogada para la explotación reproductiva en el contexto de la trata«, que no aborda la cuestión general de los 'vientres de alquiler' sino que centra el delito en cuando es fruta de la »explotación« de la mujer.

Las autoridades deberán también garantizar que las víctimas de trata que, además, necesitan protección internacional reciban el apoyo, asesoramiento y protección adecuados para garantizar que se respeta su derecho al asilo.

Se establecerán asimismo multas para las empresas que sean condenadas por traficar con personas, incluido vetando a estas compañías en licitaciones públicas o reclamándoles que devuelvan ayudas públicas o subvenciones.

Otra medida es permitir a los fiscales que elijan no perseguir a víctimas de explotación por actos delictivos que hayan podido cometer en ese tiempo y ofrecerles apoyo tanto si cooperan en investigaciones como si no.