Asociaciones de víctimas de abusos declinan la invitación de los obispos para tratar el proceso de reparación

Ya a principios de este mes, después de que Luis Argüello y José Cobo, presidente y vicepresidente de la CEE, anunciaran la preparación de su plan de reparación para las víctimas, las mismas entidades rechazaron de plano la propuesta porque no se les estaba teniendo en cuenta en el proceso. «Es innegociable, partir desde un cimiento de transparencia, agenda y medidas concretas, [la] presencia de representantes de las víctimas en las tomas de decisión, previas y posteriores», afirmaban en un comunicado. Sin embargo, ahora que han sido convocadas, junto al resto de asociaciones de víctimas y entidades que trabajan con ellas y en defensa de los menores, prefieren no acudir a la cita.

Por contra, a través de un comunicado, han trasladado a la CEE «nuestras peticiones y reflexiones para que sean escuchadas y aceptadas». La primera alude a su solicitud de «conocer la cuantía del fondo del que van a disponer para indemnización económica para las víctimas y que baremos serán de aplicación, así como cuál será la cuantía mínima preestablecida». Una cuestión que es el tema principal que se tratará el próximo viernes. De acuerdo a la convocatoria de la Conferencia Episcopal, el objetivo es compartir los «criterios de reparación pasta víctimas de que han sufrido abusos sexuales y cuyos victimarios han fallecido o cuyos casos están prescritos».

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La entidades de víctimas también parecen molestas porque la convocatoria del Episcopado esté dirigida, según afirman, «a toda suerte de asociación que defiendan los derechos de la infancia y la adolescencia en un plano generalista poco concreto», porque entienden que eso puede «difuminar el objetivo concreto». Resulta paradójico porque dos de las entidades firmantes -Justice Initiative y Lucralis- tampoco muestran específicamente en sus webs ser asociaciones de víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia católica, sino más bien entidades de ayuda. De hecho, la segunda está dedicada «a la prevención y sensibilización de los abusos a menores dentro y fuera del ámbito familiar», según señala en su página web.

La tercera de las peticiones tiene que ver con otro rechazo. «No queremos una 'reparación espiritual' por parte de la Iglesia católica ni acudir a sus confesores», señalan. Sin embargo, aunque desde la Conferencia Episcopal siempre se ha hablado de un plan de reparación integral, que comprende tanto una respuesta material como la psicológica y la espiritual, en el caso de la reunión del viernes parece más bien centrado en la primera, ya que se trata de decidir los criterios para el pago de indemnizaciones cuando no es posible la celebración de un juicio, porque ha prescrito el delito o ha fallecido el abusador.

Las cuatro entidades de víctimas también exigen que «se elimine el informe 'Para dar luz'», el elaborado por la Conferencia Episcopal a partir de sus propios datos y los de la auditoría que encargó al bufete de Cremades & Calvo Sotelo. Entienden que en él «no se recogen nuestras denuncias y duda de la credibilidad de nuestros testimonios, reduciendo la casuística real hasta límites falsos, cuando no mentirosos». «Nunca iniciaremos un trabajo con ese informe como punto inicial de referencia, ya que lo consideramos ofensivo y revictimizador». Lo cierto es que el Episcopado reconoció errores significativos en la edición de este texto presentada en diciembre, por lo que ya plantea, en colaboración con la Confer, una nueva versión revisada y corregida.

Por último, las organizaciones reclaman otra de las cuestiones que parece estar en el orden del día de la reunión a la que no van a asistir: «Queremos saber el tiempo estimado para el comienzo de la entrega de las indemnizaciones económicas y cuanto tiempo podría durar el proceso», afirman. La convocatoria de los obispos afirma literalmente que «queremos escucharlos y dialogar con ustedes para establecer un plan de reparación», pero desde las cuatro entidades sostienen que sus peticiones «no coinciden con el contenido de la reunión».

Además, como ya hicieron cuando Argüello y Cobo anunciaron la fecha de presentación de este plan, hacen una enmienda a la totalidad de todo el proceso de trabajo con los abusos por parte de la Iglesia católica. «En opinión de estos cuatro colectivos, y a día de hoy, no se ha demostrado ni el respeto debido con niñas y niños, algunas y algunos ya adultos, que sufrieron violencia sexual en pleno proceso de forja de sus personalidades, ni voluntad efectiva de reconocer, reparar e indemnizar«, aseguran. A juicio de estas asociaciones, «para construir un edificio sólido, creíble y consistente, es indispensable e irrenunciable, poner los cimientos necesarios«, que a día de hoy exponen que »no se han colocado». «Y esa anunciada reunión del día 21, en nuestra opinión, no tiene visos de colocar», concluyen.

Se da la circunstancia de que con algunas de estas entidades, en concreto con ANIR, cuyo presidente actual es Juan Cuatrecasas, exdiputado del PSOE por La Rioja y padre de la víctima del caso Gaztelueta, los obispos ya se han reunido en cuatro ocasiones. La primera vez fue hace cinco años con el entonces presidente, el cardenal Ricardo Blázquez. Más tarde también se encontró con Luis Argüello, aunque esta vez en calidad de secretario general de los obispos, y en marzo de 2022 se reunieron con el cardenal Omella en la sede de la Conferencia Episcopal. La última reunión fue la del 25 de marzo, convocada después de que Argüello y Cobo salieran a saludar a esta entidades de víctimas, congregadas en protesta ante la puerta de la Conferencia Episcopal, en el que fue su primer gesto público tras ser elegidos al frente del Episcopado.

Dos de estas asociaciones -ANIR y Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra- también se negaron a colaborar con la auditoría que la Conferencia Episcopal encargó a Cremades & Calvo Sotelo. En ese sentido aprovecharon la reunión con el cardenal Omella en la sede de la Conferencia Episcopal para anunciar que no consideraban a Cremades «un interlocutor válido». El motivo era su pertenencia al Opus Dei, propietario del colegio Gaztelueta donde se produjeron los abusos a Juan Cuatrecasas, hijo del exdiputado homónimo y de Ana Cuevas, que en aquella reunión presidía ANIR y que ahora está al frente de la sección española de Justice Initiative.