Tres asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia arremeten contra el plan de reparación de los obispos

Así, ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada), AVA (Asociación de Víctimas de Navarra) y Ludacris (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia), las entidades con las que en más ocasiones se han reunido desde la cúpula del Episcopado español (ANIR se ha reunido con los tres últimos presidentes), arremeten desde la primera línea contra la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal por lo que consideran «declaraciones incendiarias realizadas por monseñor Arguello después de la presidencia de la CEE». No lo especifican, pero se refieren a la reciente reunión de la cúpula de los obispos con el Papa, el pasado viernes.

En declaraciones a los medios, Argüello reconoció que habían hablado con el Papa Francisco sobre la cuestión de los abusos y señaló que el plan integral de reparación a las víctimas estaría preparado en el mes de julio. La fecha señalada por Argüello parece ser el detonante del «malestar» de estas entidades, que entienden que no se les ha tenido en cuenta en la «toma de decisión durante el planteamiento inicial y el desarrollo de un plan de reconocimiento, reparación e indemnización económica», tal como se habían comprometido los obispos en la reunión que mantuvieron en su su sede, según afirman.

Noticia Relacionada

Argüello y Cobo se reúnen con víctimas de abusos en la Iglesia católica y trazan un plan de colaboración

José Ramón Navarro-Pareja

La cúpula del Episcopado cumple la promesa que asumió en su primer gesto público el día de su elección

A partir de ahí, las críticas a todo el proceso son constantes. Primero porque «la máxima autoridad de la Iglesia en España se siga sacando pecho de todo lo que han hecho respecto a la prevención y prevención de las víctimas de pederastia», que ellos consideran «terriblemente insuficiente». Después porque monseñor Argüello «invite a los poderes públicos a ocuparse de las víctimas de todos los ámbitos de la sociedad», lo que consideran «no sólo una absurda excusa cogida por muy frágiles hilos», sino «una falta de respeto, una más, a todas las víctimas y supervivientes».

También consideran «un acto de inaceptable hipocresía» el «utilizar la reparación espiritual como una especie de muro de contención para evitar el resto de reparaciones». Lo cierto es que los obispos, desde un primer momento han manifestado su compromiso de lograr una «reparación integral» de las víctimas, que no excluye lo económico, pero se amplía al ámbito pastoral, espiritual y psicológico.

Acusan a Argüello, de igual modo, de entender «el concepto de indemnización sólo desde una perspectiva estrictamente jurídica» y de olvidar aquellos casos en que no sea posible una sentencia, por la muerte de la víctima, el victimario o la prescripción de delito. Sin embargo, las palabras de Argüello ante la prensa del viernes trataban de ampliar ese concepto de indemnización, más limitado al plano económico, al de reparación integral, que «implica también el coste» -explicaba el presidente de los obispos- entre otras cuestiones. De hecho, desde que la Conferencia Epsicopal anunció su plan de reparación integral siempre planteó que asumiría la indemnización a las víctimas incluso sin sentencia judicial.

Entre las críticas de las tres asociaciones no faltan a la «legión de oficinas de atención de oficinas de atención a víctimas» creadas por las diócesis y los religiosos, que según plantean «no sólo no han servido de nada, sino que han resultado nefastas y revictimizadoras». «Aquel trabajo se hizo mal, con una urgencia indebida para cumplir el expediente, incluyendo en muchos casos personal no versado en estos temas, lo cual ha acarreado el descontento casi global de las víctimas atendidas», sostienen en su escrito. Además, añaden que «muchas de ellas, ni siquiera optaron a este servicio porque no ofrecía confianza ni transparencia». Así, lo definen como «fracasos ocultos». Una percepción que choca con la de la Conferencia Epsicopal,que en junio del año pasado afirmaba haber atendido 927 víctimas e identificado a 728 abusadores gracias a estas oficinas.

El comunicado finaliza hablando de «años de silencio, encubrimiento, persecución y a veces complicidad» en los que la Iglesia «ha preferido defender a los pederastas y no a las víctimas». Y añaden una nueva crítica, esta vez para el informe sobre pederastia elaborado por el Episcopado y titulado 'Para dar luz', del que ahora preparan una tercera edición. Lo consideran tramposo y minimizador, a la vez que «revictimizador y ofensivo», incluyendo «la torpe vulneración de la protección de datos» que tuvo lugar cuando quedaron en abierto en la web de la Conferencia y durante unos meses, «de forma pública detalles íntimos del relato de las víctimas».

«Nuestra idea, no es imponer, siempre ha sido consensuar», explican en los últimos párrafos, en los que, sin embargo, no aparece, más allá de las críticas, una propuesta específica de cómo se puede resolver el conflicto. Las tres asociaciones, que no especifican a cuántas víctimas concretas representan, no son las únicas que agrupan a los supervivientes de la pederastia eclesial en España.