La Alta Inspección descarta «sesgo ideológico» en el currículo catalán de Bachillerato que cuestiona la democracia española

 Un mes después de recibir el encargo del organismo que dirige Ángel Gabilondo, la inspección del ministerio responde que «no observa» en los tramos del redactado señalados por la AEB signos de que se esté usando la asignatura para «manipular ideológicamente» a los estudiantes de esta etapa tal como sostiene la entidad en su queja. Tampoco ve indicios de que, tal como arguyó la AEB, «se esté afirmando en los libros que solo es posible lograr la cohesión social en Cataluña a través de la lengua catalana».

El Defensor del Pueblo recibió la queja de la asociación el 28 de septiembre de 2022. En ella, la AEB denuncia que en el currículo «hay contenidos que pueden considerarse difamación contra la democracia española y el Estado de derecho». Según la entidad, se hacen en el currículo afirmaciones sobre España como en las que se considera que estamos en un «contexto de involución de algunos derechos en el país», o se alude a «las identidades múltiples existentes en los territorios», afirmaciones que, a su juicio, «ponen en duda la democracia española». Además, según arguye la AEB, «se insiste en que el catalán es el único medio de cohesión social para una convivencia pacífica» y se reconoce «España como un estado plurinacional».

Tras revisar los contenidos del currículo, la Alta Inspección concluye que : no se pretende usar las instrucciones para desarrollar la materia como instrumento ideológico sino que en ella «se cita la importancia del conocimiento de la historia para entender la actualidad, el rigor científico para trabajar y el fomento del espíritu crítico del alumnado».

Respecto a si pone en duda la democracia española y se habla de involución de derechos fundamentales, la Alta Inspección en su respuesta, firmada por la inspectora Josefa Beltran, precisa que «si se contextualiza la frase con el contenido de la competencia y los criterios de evaluación se puede extrapolar que no pone en duda la democracia española». En concreto, el manual dice textualmente: «En el actual contexto de involución de algunos derechos humanos, es más necesario que nunca recuperar las memorias de las víctimas de la represión y la violencia por medio de investigaciones personales y colectivas». En el texto no se concreta que derechos involucionan pero sitúa esta frase dentro de un párrafo más extenso en el que se alude a la Guerra Civil y el franquismo y como justificación de que ahora «es más necesario que nunca recuperar las memorias de las víctimas de la represión y la violencia por medio de investigaciones personales y colectivas».

«Nos parece inaudita la respuesta de la Alta Inspección cuando se ve claramente en los tramos del redactado que hemos señalado la clara intención de usar ese material docente como herramienta ideológica», señala en declaraciones a ABC la presidenta de la AEB, Ana Losada.

Con respecto al apartado del currículo en el que se insta a los alumnos a «identificar los diferentes procesos políticos, sociales y culturales que han tenido lugar a lo largo de la historia en la formación del Estado y en la construcción de diferentes nacionalidades y, específicamente, en la evolución del catalanismo»; así como a «valorar positivamente el papel de la lengua y la cultura catalanas como medio de cohesión social y como patrimonio cultural de todo el mundo que hay que preservar y potenciar», la Alta Inspección apunta que no suscribe la denuncia de la AEB de que «se insiste en que la lengua catalana y solo esta lengua, es capaz de conseguir cohesión social en Cataluña. «Solo se cita que hay que valorar positivamente el papel de la lengua y la cultura catalanas como medio de cohesión social y como patrimonio cultural», señala.

Por último, cuando se habla en el texto de «identificar la pluralidad nacional, cultural y lingüística para respetar los sentimientos de pertenencia, la existencia de identidades múltiples y desarrollar la empatía y el respeto como base de la convivencia en una sociedad democrática», según la Alta Inspección, en el texto solo «se habla de identificar la pluralidad nacional y lingüística, así como de realizar un análisis crítico del papel de las creencias en la evolución de las sociedades y de la ciudadanía». La AEB ha avanzado a este diario que se plantea «recurrir la respuesta del ministerio ante una situación tan grave».

La instrumentalización ideológica de la asignatura de Historia por parte de las autoridades catalanas ya fue denunciada por el sindicato de profesores de secundaria AMES, tal como informó ABC en su edición del 21 de junio de 20022. En un estudio en el que se analizaron cinco manuales de Historia de segundo de Bachillerato que usan los alumnos de esta etapa, la plataforma constató que los manuales de Historia de esta etapa «ofrecen un relato de la Historia de España tergiversado y politizado», que presenta a una España «insolidaria», «xenófoba», «insolidaria» y «enemiga de Cataluña». Asimismo, denunció la reducción del temario con respecto al de otras comunidades autónomas y las «apenas referencias a la Constitución española». El análisis de AMES completó otros anteriores realizados por el sindicato, uno relativo a la etapa de Educación Primaria y otro centrado en los manuales de la Secundaria Obligatoria (ESO), adelantados por ABC y en los que se llegaba a idénticas conclusiones.

Por otro, lado la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha denunciado la «inacción», la «desidia» y el «retraso» de la Alta Inspección en la respuesta ante el cumplimiento de las sentencias firmes y las medidas cautelares del 25 por ciento de castellano concedidas por la Justicia. La entidad reclamó en septiembre de 2022 al cuerpo de inspección del Ministerio de Educación ayuda para exigir el mantenimiento de las medidas que garantizan esa cuota de castellano en los centros que lo tenían concedido por los tribunales después de que la Generalitat les retirara estas medidas apelando a una normativa que aprobó que anula las cuotas lingüísticas en la enseñanza catalana.

«Ante estas graves vulneraciones de principios básicos del Estado de derecho y de los derechos lingüísticos de los alumnos que se derivan del incumplimiento de las sentencias y autos referenciados en el apartado tercero. Reclamo que se adopten las medidas necesarias para poner fin a dichas vulneraciones y se restituyan los derechos vulnerados», apunta la AEB en la carta que dirigió a la Alta Inspección con fecha de 21 de septiembre de 2022 a la que ha tenido acceso ABC.

Seis meses después, en una respuesta firmada por la directora de Área de la Alta Inspección de Educación, Josefa Beltran Bertomeu, les responde que «después de haber realizado las gestiones pertinentes con el Departamento de Educación de la Generalitat, le informamos de que todos los centros que usted enumera en su escrito cumplen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, impartiendo además de la asignatura de lengua castellana como mínimo otra materia o agrupaciones del currículo en castellano«.

La AEB recuerda a la Alta Inspección que si se han restablecido los porcentajes de castellano ha sido gracias a la acción de la entidad. «Agradezco su información, pero como usted sabrá sí estos centros están cumpliendo ahora con las sentencias del mínimo del 25 por ciento es gracias al trabajo de la Asamblea por una Escuela Bilingüe al denunciar ante los tribunales y la opinión pública el incumplimiento», señala.

«La Alta Inspección de Educación del ministerio conocía como nosotros la orden dada por el consejero a todos los centros de incumplir con la sentencia, lo anunció en julio y lo ejecutó en septiembre. En todos estos meses el ministerio, al que usted representa ha mirado hacia otro lado y ha dejado a todas esas familias indefensas ante un flagrante incumplimiento de las sentencias y medidas cautelares, sin que ni tan solo se hayan pronunciado públicamente exigiendo la rectificación al departamento», indica la AEB al ministerio y le transmite su «decepción».

«Los ciudadanos presuponemos que tenemos el amparo de las instituciones y no la indiferencia o actuaciones contrarias a sus intereses, eso es lo que nos gustaría creer a aquellos que creemos vivir en un estado de derecho», concluye la entidad.