La oposición rechaza la urgencia de la ley de Igualdad de Trato

Varapalo de PP, CiU y PNV al Gobierno, que quería tramitar la norma cuanto antes

La oposición rechaza la urgencia de la ley de Igualdad de Trato EFE

MARIANO CALLEJA

Alfredo Pérez Rubalcaba se ufanaba la semana pasada de los apoyos que tenía el Gobierno para acabar la legislatura, y apuntaba en concreto a CiU y el PNV. Pero a la primera oportunidad que han tenido, los nacionalistas catalanes y los vascos han dejado claro ... quién manda en esa relación y han dado un sonoro «no» al intento del Gobierno de tramitar por la vía de urgencia su polémica ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Los votos de PNV y CiU, unidos a los del PP, han servido para rechazar en la Mesa del Congreso la petición expresa del Ejecutivo, acuciado ya por el calendario en esta recta final de legislatura.

El presidente del Congreso, José Bono, se mostró «muy comprensivo» con la postura de los tres grupos de la oposición, según fuentes de la Mesa. No hubo debate, los representantes socialistas no defendieron la postura del Gobierno, y se pasó en seguida a la votación, que perdió el PSOE por seis votos contra tres. El proyecto de ley se tramitará por tanto de manera ordinaria, lo que alargará los plazos previstos, y buscados, por el Gobierno de Zapatero.

Fuentes del Grupo Popular afirmaron que no descartan solicitar sucesivas prórrogas en los plazos de enmiendas y alargar el debate de la ley hasta que ésta decaiga con la disolución de las Cortes, como muy tarde en el mes de enero. Los populares han sido muy críticos con esta norma desde el principio y no ahorran en descalificativos para describirla: «Un desastre, infumable, es una ley ideológica, además de inconstitucional», destacaba un destacado miembro de la oposición. «Ahora hemos tenido una primera victoria, en la Mesa, pero todavía no hemos ganado la guerra», apostillaba.

Ni siquiera la izquierda minoritaria del Parlamento respaldaba la petición de urgencia que planteó el Gobierno para asegurarse la aprobación de la ley, su última bandera social, antes del final de legislatura. Así, Olaia Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), admitió que la ley tiene «enjundia», pero no ve justificada la prisa del Ejecutivo: «Requiere una reflexión para negociar todas las enmiendas».

Uno de los puntos más polémicos de la ley se refiere a la educación diferenciada, ya que prevé la supresión de ayudas públicas para los colegios concertados que separen a los niños de las niñas. El Consejo de Estado ya advirtió que este punto debería ser legislado aparte, como ley Orgánica, porque afecta a un derecho fundamental, como es la libertad de enseñanza. Además, en la norma se invierte la carga de la prueba, lo que fulmina la presunción de inocencia y obliga a demostrar que no se ha discriminado.

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