El sistema sanitario ha ejecutado al menos 50 eutanasias en seis meses

Con los datos a cuentagotas facilitados por estas diez administraciones, el perfil de los personas que han decidido optar por esta nueva prestación del sistema sanitario son en su mayoría pacientes con enfermedades neurodegenerativas o con cuadros oncológicos, que optan por morir en sus domicilios. En el caso concreto de Cataluña, el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGIA, por sus siglas en catalán), Albert Tuca, precisó hace unas semanas que de las 53 peticiones recibidas, seis pacientes fallecieron antes de que el procedimiento se completara, pese a que el trámite no se prolonga más allá de los 41 días. Además tres solicitudes fueron denegadas porque «no se ajustaba con lo que pide la ley».

La situación es similar en el País Vasco. De los 13 pacientes fallecidos por eutanasia, siete sufrían una dolencia crónica invalidante como Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), esclerosis múltiple o una distrofia muscular, mientras que los otro siete presentaban una enfermad terminal, la mayoría cáncer. Sin embargo, más de la mitad de los que pidieron esta prestación (21) murieron antes de que finalizara el trámite.

Según informó a ABC la Consejería de Sanidad de esta comunidad autónoma, los pacientes que pidieron ayuda para morir estaban entre los 45 y los 89 años, fueron más hombres que mujeres y uno de ellos pidió ser donante de órganos. Además, un 1,9 por ciento del personal facultativo del servicio vasco de salud (188 personas) se han registrado como objetores .

En Castilla y León, la única castellano y leonesa a la que por el momento se ha practicado la eutanasia (acto que se realizó el pasado mes de octubre) era una mujer de 43 años que sufría Esclerosis Lateral Amiotrófica en estado avanzado. Murió en su domicilio cinco días después de que la Comisión de Evaluación y Garantía aprobase un procedimiento que fue realizado por un médico y una enfermera.

Madrid, por su parte, había recibido hasta el pasado 9 de diciembre un total de diez expedientes por eutanasia , de los cuales tres fueron resueltos con la aplicación de la ayuda a morir en los respectivos domicilios, mientras que otros dos casos seguían pendientes a esa fecha. Así lo confirmó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante una respuesta a una pregunta del grupo Más Madrid, en el que también precisó que el registro de objetores cuenta con 2.614 profesionales inscritos.

Según la última actualización aportada por la Consellería gallega de Sanidad, Galicia había recibido a principios de noviembre nueve peticiones de la nueva prestación de ayuda a morir. Aunque se desconoce el dato exacto de las personas que finalmente recibieron el visto bueno de la Comisión de Garantía y Evaluación, sí trascendió que un paciente orensano del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), que sufría un cáncer incurable y avanzado, fue la primera en materializar su solicitud, sin que tampoco se diese a conocer la fecha exacta.

El resto de las comunidades autónomas consultadas por este periódico han decidido optar por el bloqueo informativo de los datos. Es el caso de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que no ofrece cifras oficiales ni de las solicitudes cursadas ni tramitadas . La Asociación Derecho a Morir Dignamente asegura haber atendido en torno a doce casos interesados en acogerse a la eutanasia en Andalucía pero estima que no se ha aplicado hasta el momento la ley por «falta de voluntad política». No hay constancia de que ninguno de esos casos haya superado el trámite de atención del facultativo consultor, señala Isabel Torres, presidenta de la asociación en Andalucía.

Los portales oficiales del Servicio Andaluz de Salud ofrecen desde finales de noviembre información al usuario sobre regulación y normativa, modelo de solicitudes e información para profesionales. La Junta de Andalucía aprobó el 21 de octubre el decreto por el que se creó el registro de profesionales objetores y la Comisión de Garantías y Evaluación, formada por 13 miembros. El Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno aprobó además el pasado 10 de noviembre la composición de este órgano indispensable para la aplicación de la ley. Andalucía fue pionera en promover una ley de muerte digna en 2010, si bien es de las comunidades más retrasadas en la aplicación de la prestación de ayuda a morir y es la única que obliga a ratificar el testamento vital para tramitar una solicitud.

El resto de comunidades que tampoco ofrecen información son Baleares, La Rioja, Aragón, Canarias, Cantabria y Asturias. Casi todas se escudan en la disposición adicional tercera de la Ley de la Eutanasia, que establece que la Comisiones de Evaluación y Garantía de las respectivas comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad un informe anual sobre la aplicación de la ley en su ámbito territorial concreto para que se haga público.

Para Álvaro Gándara, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Fundación Jiménez Díaz y miembro del Comité de Bioética de España, se trata de «una patraña». «Solo es necesario ver la ley para darse cuenta de que la Comisión de Evaluación y Garantía es el único organismo que puede ofrecer esa la información», se lamenta este facultativo, que exige más transparencia y que los colegios de médicos tengan acceso a esos datos . «Bastaría con una página web a la que tengan acceso los médicos y los medios de comunicación con la casuística actualizada todas las semanas sin necesidad de poner ningún dato personal», asegura.

Este experto en cuidados paliativos no esconde su preocupación ante la «pátina garantista» que se ha pretendido dar a esta ley y que «no es real». Entre los agujeros de esta norma , Gándara señala la obligación impuesta al médico de «valorar la capacidad de un paciente» para poder pedir la eutanasia. «Eso un desafío clínico tremendo. Es complicadísimo y, sin embargo, el médico responsable, lo tiene que hacer», se lamenta. Otro posible coladero es el testamento vital, como documento válido para solicitar la prestación de ayuda a morir. «Se puede dar el caso de un paciente sin capacidad suficiente para solicitar una eutanasia, pero con una familia que te entrega un testamento vital con la petición de la eutanasia. Aunque no esté de acuerdo, esto obliga al médico responsable a poner en marcha su ejecución porque es un documento válido», recuerda Gándara.

España además es el único país europeo que ha regulado la eutanasia pese a estar a la cola en la atención al final de la vida. En Holanda donde la tasa de cuidados paliativos es de 0,9 unidades por cien mil habitantes, el cuatro por ciento de los enfermos fallece por eutanasia. En Bélgica, con una de las coberturas en cuidados paliativos más altas de Europa (1,7) el porcentaje de muertes por inyección letal cae a menos del dos por ciento. En España, en cambio, con apenas 0,6 unidades por cada cien mil habitantes, seis de cada diez enfermos mueren cada año en nuestro país sin recibir este tipo de atención.

Con información de A. Cabeza (Barcelona), M. J. Muñoz (Castilla-La Mancha), M. V. de la Hera (País Vasco), M. Serrador (Castilla y León), D. Maroto (Valencia); J. J. Borrero (Andalucía), y P. Abet (Galicia).