El proceso al cardenal Becciu y otros nueve acusados por desfalco se atasca en el Tribunal del Vaticano

Según el diario económico londinense 'Financial Times', el Vaticano está a punto de vender el inmueble de Sloane Avenue 60 -antigua sede de los almacenes Harrods- con una pérdida de 115 millones de euros de los aproximadamente 350 invertidos.

Entretanto, el descubrimiento de otros presuntos delitos ha llevado a los fiscales a abrir seis nuevas investigaciones , y ha requerido nombrar un cuarto juez de refuerzo, según ha anunciado el presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatone.

Los dos fiscales, que ya recibieron una reprimenda del presidente del Tribunal en la audiencia del pasado mes de octubre por no haber puesto todos los videos y transcripciones de los interrogatorios -unas 115 horas- a disposición de los abogados defensores, han presentado la totalidad de los 53 DVD.

Contienen una montaña de datos, pero que los defensores pueden consultar solo en la sede de la Gendarmería Vaticana, y que todavía contienen numerosos pasajes censurados. El motivo, según los fiscales, es que los textos e imágenes omitidos se refieren a investigaciones de otros seis delitos, lo cual complica todavía más el cuadro general y amenaza con prolongar el proceso durante años.

La ley obliga a los fiscales a dar a conocer a la defensa todos los testimonios contra los acusados, y el presidente del Tribunal del Vaticano ha asegurado que así se hará.

No es la primera vez que los fiscales dan la sorpresa. A raíz de varios abusos y errores de procedimiento, el Tribunal les ordenó el pasado octubre rehacer parte del sumario, por lo que la situación actual es que de los diez imputados, cuatro están a la espera de que se presente su acusación formal una vez corregidos los errores. Entretanto, sigue adelante el proceso a otros seis.

Se trata del cardenal Angelo Becciu -desposeído de todos sus derechos cardenalicios por el Papa-; del gran muñidor de las inversiones vaticanas durante décadas, Enrico Crasso; del presidente y el director de la Agencia de Información Financiera (AIF), René Bruelhart y Tommaso Di Ruzza; el agente de inversiones en Londres, Gianluigi Torzi; y la enigmática empresaria sarda Cecilia Marogna, desautorizada por los servicios secretos italianos con los que afirmaba colaborar en operaciones de inteligencia y rescate de rehenes en África.

Como es casi habitual en Italia, los abogados de la defensa han pedido la anulación completa del proceso por las irregularidades cometidas y la persistente censura de pasajes de los interrogatorios, aún sabiendo que la probabilidad de obtenerla es prácticamente nula.

Pero, aunque seguirá adelante, la legitimidad del proceso se resiente del descubrimiento de nuevas «chapuzas» de los fiscales. En un interrogatorio a monseñor Alberto Perlasca -convertido ahora en testigo principal de la acusación- le hacen creer que el Papa les ha revelado personalmente en un encuentro todos los detalles del caso, lo cual es imposible pues de momento nadie los conoce.

Ahora han explicado que se referían a las generalidades que el Papa reveló a los periodistas en conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de Japón en noviembre de 2019, publicadas en todos los medios y cuya transcripción completa está disponible como siempre en la página web del Vaticano.

Paradójicamente, Monseñor Alberto Perlasca , jefe de la oficina de inversiones en la secretaría de Estado y cómplice de los presuntos delitos, no figura entre los acusados porque los fiscales le han concedido en la práctica el tratamiento de «mafioso arrepentido», lo cual indigna al resto de los procesados.

Muy probablemente la próxima audiencia, fijada para el 1 de diciembre, no logrará clarificar el caso. El ovillo es demasiado complicado para desenredarlo en dos semanas.