La defensa del cardenal Becciu y los otros nueve acusados acorrala a los fiscales del Vaticano

De los diez acusados, tan solo el cardenal Angelo Becciu y monseñor Mauro Carlino han estado presentes en el aula especial de los Museos Vaticanos ya que la tarea principal correspondía a los veinte abogados de este «maxiproceso» sin precedentes.

Los defensores han pedido nada menos que la anulación del proceso por abuso de poder de los fiscales. En ausencia del fiscal jefe, Gian Piero Milano, su «número dos», Alessandro Diddi, ha ofrecido recomenzar la instrucción desde cero respetando los derechos de los acusados, reconociendo que «hemos cometido errores» .

El «golpe de teatro» en esta primera audiencia «real» del proceso -pues la del 27 de julio se limitó a formalidades de procedimiento- tiene como base jurídica dos irregularidades o quizá abusos , de los fiscales, que actúan con poderes de jueces de instrucción tanto en la legislación del Vaticano como en la de Italia. Por otra parte, han filtrado información del proceso a medios de comunicación italianos amigos, al peor estilo de las «fiscalías-colador» en Italia.

La primera irregularidad ha sido no haber citado para interrogatorio previo a algunos de los acusados, un curioso grupo en el que figuran desde el cardenal Angelo Becciu , entonces «número tres» del Vaticano, junto con dos personas de su equipo de gestión de los fondos reservados, hasta el presidente y el director de la Autoridad de Supervisión Financiera del Vaticano , pasando por tres financieros italianos afincados en Londres y en Suiza, principales saqueadores del dinero del Vaticano según el sumario.

El toque de exotismo e intriga lo aporta Cecilia Marogna , una empresaria de seguridad y espionaje sarda que ha sido desautorizada por los servicios secretos italianos pues trabajaba solo como informante ilegal para el cardenal Becciu, o, más probablemente, para ella misma.

En definitiva, un cuadro desolador de personajes más que sospechosos pero que tienen la razón jurídica en las dos objeciones de sus defensores.

Los acusados no citados a interrogatorio no han podido dar su versión de los hechos que, por lo tanto, no ha sido incorporada al sumario de casi quinientas páginas de la acusación formal.

En segundo lugar, los defensores de los diez acusados no han podido visionar el video de las declaraciones de monseñor Alberto Perlasca, quien pasó de sospechoso importante a pleno colaborador de los fiscales al estilo de los «mafiosos arrepentidos». Y que ha recibido como pago el no figurar entre los acusados.

El pasado 27 de julio, el presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatone, ordenó a los fiscales permitir el visionado de los videos de los cinco interrogatorios de Perlasca a los abogados defensores.

Pero, asombrosamente, los fiscales no han cumplido esa orden, argumentado defensa de la «privacidad» de su testigo estrella. Ni tampoco la obligación de poner el resto de la documentación como los interrogatorios realizados o la información contenida en docenas de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles incautados -en total unos 300 DVD, pero de los que deberían haber entresacado la información relevante- a disposición de la defensa.

La «excusa» irrisoria de los fiscales es que el código penal del Vaticano, que es de 1913, prevé la entrega de «documentos» a los defensores pero no la de «videos» o «registros digitales» que, naturalmente, no existían.

Su postura es insostenible. De ahí que la segunda audiencia se haya abierto con una propuesta sorprendente de los fiscales: recomenzar la fase de instrucción respetando los derechos de los acusados.

El presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatone, ha escuchado a las dos partes y ha dicho que anunciará su decisión al respecto este miércoles. La expectación en medios jurídico italianos y en el Vaticano es altísima.