Fukushima, la catástrofe sin fin

Además de arrasar cientos de kilómetros del litoral, destruir y dañar más de un millón de casas y cientos de miles de vehículos, golpeó a la central nuclear de Fukushima 1, donde se fundieron total o parcialmente tres de sus seis reactores al quedarse sin electricidad y averiarse sus sistemas de refrigeración. Desde la explosión en la central ucraniana de Chernóbil , se trata del accidente nuclear más grave porque sus fugas radiactivas obligaron a evacuar a 80.000 vecinos que vivían en un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta atómica. Alojados todavía muchos de ellos en refugios temporales, los evacuados nucleares no podrán regresar a sus hogares durante décadas, o quizás jamás en su vida, debido a la elevada radiación en torno a la central.

Algunos pueblos en el borde del perímetro de seguridad, como Miyakoji o Naraha, han sido ya reabiertos a sus residentes al bajar la radiación. Por miedo, de momento son pocos los vecinos que se han atrevido a regresar. Según informa la agencia Reuters, de los más de 8.000 habitantes de Naraha, solo han vuelto 440, que además deben llevar consigo un dosímetro en todo momento para comprobar la radiactividad. Salvo la escasa vida que se observa en estas localidades, donde ya funcionan algunos restaurantes, gasolineras y oficinas de correos, el resto de la «zona muerta» de Fukushima sigue siendo un desolador escenario de pueblos fantasma. Carcomidas por la maleza y el paso del tiempo, allí aguantan las casas que sus habitantes dejaron a la carrera para huir de las fugas radiactivas de la central.

Protegidos con trajes especiales, unos 7.000 operarios trabajan mientras tanto en su interior para descontaminar y desmantelar la planta de Fukushima 1, donde este corresponsal logró entrar el año pasado. Debido a una ola de 15 metros que inundó la central y la dejó sin electricidad, los núcleos de los reactores 1, 2 y 3 se fundieron por el aumento de las temperaturas al fallar los sistemas de refrigeración. En su interior, la radiactividad es tan alta que ningún ser humano puede entrar en ellos porque moriría en poco tiempo. Tampoco ninguna máquina, ya que los robots que han sido enviados para inspeccionar y grabar el terreno se han estropeado al cabo de un rato.

Pertrechados con máscaras antigás y trajes especiales , una legión de kamikazes lucha contra un enemigo que ni se ve ni se siente: la radiactividad. Sus trabajos, que costarán 2,1 billones de yenes (16.832 millones de euros), durarán al menos cuatro décadas y se enfrentan al reto, hasta ahora insólito, de retirar el material radiactivo fundido de los reactores. Como todavía no se ha inventado la tecnología adecuada para ello, lo único que pueden hacer los empleados de Tepco, la empresa eléctrica que gestiona la siniestrada central, es mantener sus reactores fríos y sellados para que no siga escapando la radiación.

Para ello, cada día se bombean en su interior 300 toneladas de agua subterránea, que mantiene la temperatura entre 16 y 30 grados. El problema es que este agua se contamina y ha de ser almacenada en tanques para filtrarle después sus partículas tóxicas . En enormes depósitos con capacidad para 1.000 toneladas de agua, que se llenan en tres días, la central almacena ya casi un millón de toneladas y Tepco tendrá que seguir instalando más tanques. Para evitar fugas de agua radiactiva como las detectadas en los últimos años, que empañaron aún más su maltrecha reputación, la compañía ha aumentado los controles en los depósitos y levantado un muro de contención frente al mar. Además, concluyó en febrero una barrera subterránea de hielo para impedir que el agua radiactiva se filtre al subsuelo y acabe en el Océano Pacífico.

Cinco años después del accidente, tres antiguos altos directivos de la compañía acaban de ser imputados por negligencia con resultado de muerte y lesiones. Se trata de Tsunehisa Katsumata , que tiene 75 años y era entonces el presidente de la eléctrica Tepco, y dos de sus vicepresidentes, Sakea Muto, de 65 años, e Ichiro Takekuro, de 69. El motivo es que, desde 2009, un grupo de expertos había advertido de que un tsunami de hasta 15 metros podía golpear la planta, como así ocurrió finalmente. Contraviniendo las normas, la compañía tardó varios meses en informar de la fusión de los reactores, según acaba de reconocer.

Aunque no está probado que las fugas radiactivas de Fukushima provocaran ninguna muerte de forma directa, durante la evacuación masiva de la zona fallecieron 44 enfermos y ancianos de un hospital cercano, que sucumbieron a las malas condiciones de su accidentado traslado. Otras 13 personas, entre las que había operarios de la central y soldados, resultaron heridas por las explosiones de hidrógeno que sufrieron los edificios de los reactores.

Al director de la planta, Masao Yoshida, que tenía 56 años y llevaba solo diez meses en el cargo en el momento del accidente, le fue diagnosticado un cáncer de esófago en noviembre de 2011 y falleció el 9 de julio de 2013. Según los médicos, su muerte no estuvo relacionada con el accidente de Fukushima, pero el Gobierno japonés reconoció en octubre del año pasado el primer caso de cáncer relacionado con la central y lo consideró un accidente laboral. Un trabajador, que se había dedicado a colocar cubiertas sobre los reactores dañados entre octubre de 2012 y diciembre de 2013, fue diagnosticado con leucemia a pesar de no haber cumplido aún los 40 años. Junto a él, otro operario demandó en verano a Tepco por haber enfermado de cáncer debido a un exceso de radiación en la planta.

Tras la catástrofe de Fukushima, se abrió el debate sobre la energía atómica en la sociedad nipona, una de las más pro-nucleares del mundo a pesar de haber sufrido las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la II Guerra Mundial. Así lo prueban los 54 reactores que sumaban sus 17 plantas nucleares, a los que hay que descontar los seis inutilizados de Fukushima 1.

Aunque el anterior Gobierno, de signo socialdemócrata, anunció el fin de la energía atómica en Japón tras la tragedia , el actual Ejecutivo conservador se ha propuesto volver a emplearla por un motivo muy sencillo: la economía. Desde que los reactores nucleares fueron apagados en 2011, cuando aportaban un tercio de la electricidad generada en el país, Japón se ha visto obligado a aumentar sus importaciones de petróleo y gas natural licuado porque, al apenas tener recursos naturales, el 90 por ciento de la energía que consume viene de fuera.

Como consecuencia, se ha disparado el déficit comercial nipón, que el Gobierno quiere reducir poniendo en marcha de nuevo las centrales nucleares. Tras superar las nuevas pruebas de seguridad aprobadas en 2013, más estrictas, el reactor número 1 de la central de Sendai, al suroeste de Japón en la isla de Kyushu, fue el primero en entrar en marcha en agosto del año pasado. También entre protestas de manifestantes anti-nucleares, en octubre se encendió el segundo.

Mientras tanto, esperan a ser reconectados los otros 46 reactores que siguen detenidos desde marzo de 2011 para revisar su seguridad. Cinco de ellos serán desmantelados por haber superado ya los cuarenta años de vida, pero el resto aguarda su momento para ser encendidos de nuevo y otros tres están siendo construidos. Para 2030, el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe se ha fijado como objetivo que la energía nuclear aporte entre el 20 y el 22 por ciento de la electricidad generada.

Con un coste de 235.000 millones de dólares (212.450 millones de euros), a tenor de los cálculos del Banco Mundial, el tsunami de Japón es el desastre natural más caro de la Historia. Y también el de mayor impacto geológico. Con ayuda de imágenes tomadas por satélite, la NASA comprobó que el temblor fue tan fuerte que desplazó unos 2,4 metros al este la isla de Honshu, la principal del archipiélago nipón. Además, alteró el eje de la Tierra unos 10 centímetros.

Cinco años después del tsunami, Japón sigue luchando contra Fukushima, la catástrofe sin fin.