Archivan la causa contra Infancia Libre porque no constituye un entramado

En un comunicado, el Ministerio Público, esgrime que en la mayoría de los supuestos las denuncias se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya había dejado de tener actividad.

De esta manera, solo ha quedado acreditada la comisión de un delito de sustracción de menores, «en base a la acusación formulada por la Fiscalía contra la expresidenta de la asociación María Sevilla y un delito de desobediencia por la acusación formulada contra Ana María Bayo », en ambos casos por hechos cometidos cuando la asociación ya había dejado de tener actividad.

Por tanto, señala que el hecho de que un miembro de una asociación cometa un delito «no conduce necesariamente a considerar que ese fin concreto era el exclusivamente buscado por la asociación a la que pertenecía», ya que la jurisprudencia exige que la finalidad delictiva «ha de ser querida y pretendida por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros».

La investigación se centraba en comprobar la existencia de un entramado del que formarían parte las madres denunciantes, tres profesionales médicos, todos ellos ejerciendo sus funciones dentro del Servicio Público de Salud, dos en Granada y otro en Madrid, y dos abogados que habrían dado cobertura legal a estas actuaciones.

La Fiscalía subraya que dicho entramado «no queda acreditado». Es más, según apunta el fiscal, hace hincapié en que «en todos los casos referenciados no consta dato alguno de que se haya incoado procedimiento judicial, de oficio o por denuncia de particular, por un posible delito de denuncia falsa».

La investigación parte de un oficio que la Policía remitió a la Fiscalía el pasado 19 de julio en el que daba cuenta, entre otras cosas, de que en distintos días habían sido detenidas tres mujeres, todas ellas miembros de Infancia Libre y asesoradas legalmente por los mismos abogados.

Según la investigación, se creó «con el único objetivo de dar cobertura a un grupo de mujeres que deseaban obtener la custodia exclusiva de sus hijos e impedir el contacto de los mismos con sus padres, mediante la interposición de denuncias falsas de posibles malos tratos y/o abusos sexuales».

El decreto de archivo subraya que los dos primeros requisitos exigidos por la jurisprudencia para la existencia de una asociación ilícita son «una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad y la existencia de una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista, esto es, que la unión esté presidida por ideas de estructura jerárquica y disciplina».

Así las cosas la Fiscalía entiende que no ha quedado acreditado, más allá de meras hipótesis, que formen parte de la asociación Infancia Libre todas las personas relacionadas en el informe policial.

Y es que los fundadores de la asociación han declarado que la misma sólo desplegó su actividad apenas dos años, que van desde el momento de su constitución (agosto de 2015) hasta mayo de 2017 lo que ha quedado corroborado, además, por los movimientos bancarios.

La Fiscalía afirma que «los vínculos trazados en el oficio policial para vincular a las distintas mujeres supuestamente implicadas en la asociación no han quedado acreditados».

En todo caso el Ministerio Público sostiene que quienes más vínculos pudieran tener con Infancia Libre, además de sus dos fundadoras son, «sin duda», P.A.G.A. y A.M.B.V. , «pues la policía relata cómo, en un intento de evitar el contacto de sus hijos con sus progenitores, actuaron en términos parecidos a M.S.S. , respecto a la cual se ha formulado escrito de acusación por un presunto delito de sustracción de menores, si bien.

A otras mujeres, por ejemplo a A.G.A., se le vincula con Infancia Libre por el hecho de aparecer en una fotografía junto a M.S.S. con una camiseta de la asociación así como por haber realizado actuaciones similares a la presidenta de la asociación en un intento de impedir que su hija se relacionase con su padre.

Sobre este hecho se sigue un procedimiento en un juzgado en virtud de una querella interpuesta por el padre de la menor, en el mes de octubre del año 2017, esto es, «cuando la asociación estaba inactiva, ante la imposibilidad de comunicarse con su hija, habiendo sido detenida por estos hechos en el mes de mayo de 2019».

Lo mismo ocurre con A.M.B.V. En este caso no se sigue procedimiento alguno por un posible delito de sustracción de menores sino por un delito de desobediencia por haber incumplido el régimen de visitas establecido a favor del padre.

Por tanto, la Fiscalía «solamente» podría establecer una vinculación directa y acreditada con Infancia Libre de las dos fundadoras de la asociación «si bien, habiendo ambas interpuesto denuncias por supuestos malos tratos a sus hijos menores cometidos por sus progenitores, circunstancia que hizo que entrabaran una relación y que constituyeran una asociación para tratar estos temas, la forma en que afrontaron los procedimientos judiciales cada una fue muy diferente y evidencia que no hubo una estrategia común».

En relación al resto de mujeres implicadas no existe a juicio de la Fiscalía una vinculación directa con Infancia Libre, más allá de aparecer tres de ellas en unas fotografías publicadas en prensa apoyando la asociación, o haber hecho algún comentario apoyando la asociación a través de las redes sociales.

Al no existir esa relación directa con la asociación, «ni tan siquiera con las dos fundadoras», la vinculación se establece por el hecho de haber interpuesto denuncias, «que fueron archivadas en la mayoría, aunque no en todos los casos» contra los padres de sus hijos menores por posibles abusos o malos tratos, habiendo intervenido en alguno de los casos en esos procedimientos los profesionales médicos y los letrados a los que se vincula con la asociación.

«Sobre este punto, debe destacarse que de las diecisiete posibles implicadas en la asociación, incluidas sus dos fundadoras, solo fueron asistidas en los procedimientos penales entablados siete de ellas, debiendo significarse que en la mayoría de los casos intervinieron también otros letrados cuya profesionalidad en ningún caso ha sido cuestionada», señala.