El Supremo decide si se indemniza a las víctimas españolas de la talidomida

El presidente de Avite, José Riquelme , no quiere ni oír hablar de esa segunda tesitura. Rafael Basterrechea, Ana Castillo, Mariano Garmendia ... y así hasta unos 300 asociados se quejan de estar huérfanos de soporte económico y asistencial , y confian en que «por fin, tras tantos años de batalla en los tribunales -muy intensos los últimos cinco- se haga Justicia», dice su presidente, mientras su defensa, representada por el letrado Ignacio Martínez , considera que si el Supremo falla en su contra, escalarán a todas las instancias que sean necesarias. No descartan llegar al Constitucional ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque sienten que los afectados en España por la talidomida «de facto son los peor tratados del mundo». Y no sólo por la Justicia, también se malician por la indiferencia del Gobierno.

Para Avite, los trámites para conseguir ayudas de la Fundación Contergan primero -Fundación Grünenthal desde 2012, creadas en Alemania- son tan dificultosos como tener que acreditar que la madre tomó ese fármaco y guardar hasta el medicamento como arma probatoria que es «casi imposible» acceder a esas bonificaciones. De pronunciarse finalmente a favor de los afectados, en la demanda se establecen dos categorías de indemnizaciones: las de efecto directo, de la que se beneficiarían 18 personas en España, a los que la farmacéutica debería abonar entre 1,2 y 1,5 millones de euros porque se calculan unos 20.000 euros de compensación por punto porcentual de minusvalía y dicho grupo registra entre un 65 y un 70 por ciento de discapacidad. Para el resto de los asociados de Avite no habría compensación directa y se abriría el proceso para que demostrasen estar afectados por talidomida, expone el abogado Ignacio Martínez.

La farmacéutica perdió en primera instancia en el juicio celebrado en noviembre de 2013, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid sentenció que debían pagar una bonificación a los casi 200 afectados. Su representación legal en España recuerda que ya ese fallo reconocía que Avite no pudo demostrar que las malformaciones fuesen causadas por la talidomida y el producto que se vendía en nuestro país por el distribuidor local. En diciembre de 2013, el laboratorio germano recurrió la sentencia 217/2012 y en un peldaño más de esa vorágine en los tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación el 22 de octubre de 2014 al considerar «prescrita» la acción que pudo provocar el perjuicio a los afectados, transcurridos más de 50 años.

Hoy, 59 años después, Avite confía en que los magistrados del Supremo devuelvan el fallo a su posición original; mientras la defensa de Grünenthal admite a este periódico que «para la compañía es difícil entender por qué los afectados utilizan una vía tan compleja como es la demanda en lugar de solicitar las ayudas económicas de la fundación, que incluyen una pensión mensual que puede alcanzar los 7.000 euros , según el grado de discapacidad».

El diálogo está roto. Pese a que desde Grünenthal subrayan que en 2007 se iniciaron los cauces para facilitar la comunicación con los afectados en diversos países, entre ellos España, y que en 2009 pidieron disculpas públicamente por los muchos perjuicios causados por el nocivo producto -cabe recordar que dejó un reguero de más de 10.000 niños con malformaciones en el mundo, 3.000 de ellos según las estadística de Avite en nuestro país-, no hay entendimiento posible. Queda en manos del pronunciamiento del Supremo, que adopte hoy una decisión. «Esperamos ganar», dicen unos y otros, el único punto de encuentro entre ambas posiciones. Sea como fuere, la mayoría de los responsables ya han muerto; la mayoría de los afectados, también. Han pasado 59 años.