La Fiscalía rebaja a 3 años su petición de prisión para el fabricante del Bio-bac

En la octava y última jornada del juicio celebrada hoy en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, la fiscal ha reducido a cinco meses su petición de pena de cárcel por un delito contra la salud pública para los otros tres procesados en la causa, el farmacéutico Miguel Echenique, el biólogo Enrique Martínez y la secretaria Consuelo Serdio.

El ministerio fiscal ha reducido su petición de pena para los cuatro acusados en este procedimiento, aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

En su intervención, la fiscal ha considerado acreditada «la absoluta falta de control administrativo» de la fabricación y comercialización del Bio-bac como un medicamento para prevenir y tratar cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas.

Para la fiscal, Antonio Rafael Chacón es el principal responsable de poner en el mercado un producto al que se atribuían propiedades curativas, lo que generó un peligro para la salud de las personas que lo consumieron, aquejadas de enfermedades «gravísimas».

Un afectado del falso fármaco señaló a las puertas de los juzgados de lo Penal el primer día del juicio que un médico privado recetó a su mujer el consumo de este producto como «un medicamento para curar las células cancerígenas».

Durante la primera jornada del juicio testificaron algunos familiares de fallecidos que tomaron el producto. «El difunto médico Fermín Moriano le dijo a mi hermano que la quimio no valía para nada y que si tomaba Bio-Bac, en dos meses superaría el cáncer», contó a ABC una testigo. También testificó por videoconferencia Teresa Berenguer, cuyo marido tomó Bio-Bac por vía oral, anal e inyectable. «Empezó a tomarlo porque no veía otra solución, tenía cáncer de pulmón».

Los ensayos clínicos para lograr la autorización del Bio-bac como un medicamento, que se llevaron a cabo en España y en el extranjero, no fueron satisfactorios, por falta de eficacia clínica, seguridad e identificación del producto, según la fiscal.

Tras indicar la fiscal que Antonio Rafael Chacón le recuerda a los «malos estudiantes» cuando dicen que les tienen «manía», ha rechazado la interpretación de su defensa de que había una «confabulación» contra él por «intereses de las multinacionales», algo que, desde el punto de vista de la fiscalía, es «muy difícil de probar».

Por su parte, el abogado del principal acusado ha pedido la libre absolución de su defendido por entender que el producto es inocuo y tiene efectos beneficiosos sobre la salud como han expuesto numerosos testigos durante el juicio.

Durante la séptima sesión del juicio, celebrada ayer, cuatro peritos propuestos por la defensa sostuvieron que el Bio-bac es inocuo, cumple con los requisitos para ser considerado un complemento alimenticio y no contiene gérmenes que puedan producir una intoxicación.

En dicha la sesión, comparecieron Agustina Sánchez, responsable del Departamento de Química del Centro de Análisis, Asesoramiento y Control de Calidad S.A. y Luis Portillo, adjunto al Departamento de Microbiología de la misma empresa.

También prestaron declaración Rosa Carbonero, responsable técnico del Laboratorio Municipal de Higiene del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, y Vicente Gómez Parra, director del Centro Nacional de Farmacobiología del Instituto de Salud Carlos III en el año 1989.

Durante la octava y última jornada del juicio celebrada hoy, el letrado de Chacón ha calificado de «maquiavélica» la actuación de la Agencia Española del Medicamento , cuyos responsables denunciaron la fabricación y comercialización del Bio-bac por «enemistad» con su cliente, lo que desencadenó la « Operación Brujo » de la Guardia Civil contra este producto y el posterior el procedimiento judicial.

Ha señalado la falta de sentido de la movilización de más de un centenar de agentes del instituto armado en la «Operación Brujo» en el año 2002, al tiempo que ha denunciado los «obstáculos y trabas» que ha encontrado para ejercer el derecho de defensa en los últimos doce años y ha lamentado la «pena de banquillo» que ha sufrido su defendido.

El abogado ha atribuido la actuación de la Agencia Española del Medicamento a «intereses políticos», tras subrayar el producto se comercializó durante cuarenta años como complemento dietético o alimenticio, sin que se haya registrado una sola denuncia por una reacción adversa.