Google apacigua su pugna con los editores europeos

El viernes por la noche, Schmidt, presidente ejecutivo y máximo «embajador» de Google en el mundo, cenó en el Elíseo con el jefe de Estado francés, acompañado de Kent Walker, responsable de asuntos jurídicos en la dirección de la compañía tecnológica. El acuerdo alcanzado, calificado como «histórico» por el propio Schmidt, es el fruto de tres meses de duro pulso entre el gobierno francés y Google. Retomando un viejo compromiso de su antecesor, Nicolas Sarkozy, el actual presidente socialista francés se comprometió con las principales asociaciones de prensa a sacar adelante una ley que instaure la llamada «tasa Google». Una medida así, rechazada de plano por Google, obligaría a la empresa con sede en Mountain View a pagar una tasa o canon por referenciar contenidos elaborados por los medios en sus buscadores como google.com y agregadores como Google News.

La batuta del Elíseo ha marcado el ritmo de la negociación mantenida entre Carlo d’Asaro Biondo, vicepresidente para el sur de Europa de Google y Nathalie Collin, directora general del semanario Nouvel Observateur y presidenta de la asociación que reúne a los editores de prensa política y general en Francia (IPG) –ambos estaban presentes el viernes en la rueda de prensa en el palacio presidencial—.

El gobierno galo impuso un mediador para facilitar el diálogo, Marc Schwartz, ex juez del tribunal de cuentas, autor de un informe sobre la prensa en 2008 y ex ejecutivo de France Televisión, y puso sobre la mesa un ultimátum: en ausencia de un acuerdo el 31 de enero, pondría en marcha un proyecto de ley para gravar a Google. Las posiciones de partida parecían irreconciliables. Según Google, sus buscadores redirigen «4.000 millones de visitas por mes a las páginas web de los editores franceses». El 18 de octubre amenazó, en una carta dirigida a varios ministros, con dejar de indexar los contenidos de la prensa francesa, que alega, por su parte, que Google obtiene en Francia más de 1.000 millones de euros en publicidad, en parte gracias a la calidad de sus contenidos.

A finales de octubre, el propio Schmidt decidió intervenir, y el 28 de aquel mes se reunió en el Elíseo con Hollande. Schmidt conocía el terreno. En 2010 sus reuniones con Sarkozy dieron como fruto una auténtica ofensiva de seducción de Google en la proteccionista Francia, con la creación de un Instituto de Cultura y la ampliación de su sede parisina (en un palacete de la rue de Londres) con 50 ingenieros. Entonces Schmidt aseguró que «no se trata de un regalo a Nicolas Sarkozy». El pasado viernes resumió también lo ocurrido ahora: «Es mejor un acuerdo que pasar por una ley». Existen dudas ahora sobre la mecánica que regulará el funcionamiento del fondo anunciado.

En principio se trata de una dotación única de 60 millones, aunque Hollande dejó ver la posibilidad de su renovación: «cuando se acabe, volveremos a dar una rueda de prensa», vino a decir. Según algunos cálculos, el fondo podría rendir 2-3 millones cada año si se invierte. Hollande anunció que será gestionado «por personalidades independientes», aunque desde Google aclaran a ABC que las decisiones sobre los proyectos elegidos serán tomadas «por un consejo formado por Google, representantes de la prensa francesa y miembros independientes». Se da por hecho que solo las empresas periodísticas y los llamados «pure players» -o medios de información digitales- podrán acogerse al fondo. Desde los aledaños de la industria, voces críticas como la del profesor del IE Enrique Dans salen en defensa de la multinacional estadounidense y califican el fondo de «chantaje institucional del lobby de los periódicos franceses».

En cualquier caso, la «paz temporal» firmada por Google con los poderosos editores de prensa galos parece anunciar un apaciguamiento del pulso que le enfrenta con la industria de los medios en Europa. En Bélgica, Google zanjó el pasado 14 de diciembre un contencioso judicial de seis años con la prensa francófona y diversas sociedades de autor con un acuerdo por el que incrementa su colaboración tecnológica y comercial con el sector, aunque sin contraprestación monetaria.

En Alemania, el miércoles pasado la Comisión Jurídica del parlamento celebró una sesión con expertos como paso previo a la segunda lectura de un proyecto de ley de reforma de la propiedad

intelectual que tiene por objetivo exigir a buscadores como Google una tasa por los resúmenes de noticias que publican sus motores de búsqueda y agregadores. El proyecto requerirá una tercera lectura y Alemania tendrá elecciones en septiembre, con lo que el calendario es incierto. Pero tanto democristianos como liberales –los dos aliados en el gobierno de Angela Merkel- apoyan la tradicional reivindicación del sector de la prensa germano.

Precisamente, ha sido la industria alemana la que ha impulsado el debate en Europa. En octubre pasado, los editores de prensa de Francia e Italia se sumaron a sus colegas alemanes en exigir a los gobiernos la imposición de una «tasa Google», una reclamación a la que se han adherido luego representantes de la industria de países como Suiza, Portugal o España. «Confiamos en que el gobierno español tenga la misma sensibilidad que ha demostrado tener el francés», asegura Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento (editor de ABC).

Enríquez, que acaba de asumir la presidencia rotatoria de AEDE, exige –a título individual, según aclara- «un reequilibrio de la situación actual, porque no puede ser que el medio –los buscadores- que conducen a la audiencia a un fin –los contenidos generados por los periódicos- retengan más del 50% de los ingresos publicitarios, este desequilibrio puede suponer la destrucción del sistema y pone en riesgo, unas redacciones con cientos de profesionales del periodismo sufragadas por compañías que, además, pagamos impuestos en España».