La ley romana, ¿un modelo para la gestión municipal?

Julián González , catedrático emérito de Latín de la Hispalense y presidente de la delegación de Sevilla y Huelva de la citada sociedad, subraya la complejidad y la «virtualidad de estas leyes , que podrían aplicarse en el presente salvando, claro está, la diferencia entre lo que significaba para un hispanorromano de la época la gestión de su ciudad y el papel de los concejales actuales». Tan convencido está de lo que dice que no duda en considerar que aquellos textos legales «podrían ser un modelo para la gestión municipal». Según explica, el legislador romano «tenía un gran conocimiento de los puntos flacos de la psicología humana , por lo que intentaba poner una limitación o barrera para evitar, en la medida de lo posible, situaciones de fraude o corrupción ».

Estas leyes de antaño desvelan, pues, grandes curiosidades que hasta pueden chocar con la percepción que ahora podemos tener de la práctica política. A este respecto, Julián González hace hincapié en un detalle: «Ser magistrado local , que sería como el equivalente a un concejal en la actualidad, era un honor y no una actividad laboral, por lo que no percibía salario ni compensación económica alguna , sino que, incluso, tenía que pagar de su bolsillo obras de embellecimiento en la ciudad y juegos públicos en el circo o en el anfiteatro».

Junto a los requisitos que debía reunir un candidato a magistrado local para ser elegido, las leyes contemplaban medidas para evitar posibles casos de prevaricación. Así, por ejemplo, estos servidores debían presentar fiadores «y garantías suficientes de que podían responder en un momento dado de su gestión con patrimonio particular», comenta González, quien no pasa por alto otro dato más a tener en cuenta: «Durante el ejercicio de esa magistratura, ni él ni nadie de su familia, ni sus asistentes siquiera, podían comprar o arrendar bienes públicos . Aparte de que al magistrado también se le prohibía dedicarse a cualquier otra actividad, en la que mediaran obras públicas, que pudiera reportarle beneficios personales. O lo que en nuestros días sería llevarse una comisión», añade.

Además, y al término de su magistratura, los magistrados locales debían de presentar, « en un plazo de 30 días, las cuentas de su gestión . En caso contrario, —concluye— se les hacía pagar una multa y, si esas cuentas no resultaban aprobadas, habían de abonar una cantidad igual y otro tanto más como penalización ».