El gobierno de Susana Díaz dio a la planta de reciclaje de Estepa tres ayudas que no justificó

La segunda ayuda se resolvió el 26 de diciembre de 2018 por importe de 241.015,42 euros, de los que fueron abonados 120.507,71 euros. El segundo pago ya no se realizó porque el Consorcio tenía justificaciones pendientes.

Y hay una tercera subvención presentada el 11 de octubre de 2017, ante la entonces Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, para el Programa de Acciones Experimentales. El gobierno socialista la concedió sólo un mes y medio después por valor de 224.400 euros . Curiosamente, el Consorcio de Estepa presentó la justificación de esta ayuda un día después de la primera operación policial, el 31 de enero pasado. Pero la mayor parte de los gastos aportados no ha pasado el filtro de la administración pública. De las 146 personas a las que tenía que llegar el programa subvencionado sólo aportaron once, por lo que sólo se validó la actuación por un importe de 64.213,66 euros. Como consecuencia de la falta de justificación se produjo un saldo negativo de 104.086,34 euros que la Junta de Andalucía ya ha reclamado. «Actuaremos ateniéndonos a las consecuencias legales que pudieran acarrear las posibles decisiones judiciales, que pudieran afectar a futuras solicitudes de subvención presentadas por este Consorcio», explicaron ayer a este periódico fuentes de la Consejería de Empleo.

Por su parte, el PSOE sigue guardando silencio ante el escándalo y, de hecho, el alcalde de Casariche, Basilio Carrión, y el de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, cuentan con el apoyo del partido a pesar de conocerse su implicación en el supuesto fraude de la planta de reciclaje, en el que actualmente hay nueve investigados: el secretario de este organismo, José Antonio Mañas; el jefe de la planta, Manuel Ibáñez; las esposas de ambos, otros familiares y los dos regidores citados, últimos presidentes del Consorcio.

Como adelantó ayer ABC , el sumario del caso revela que dos funcionarios de la planta de reciclaje presidida a lo largo de toda su historia por alcaldes del PSOE de la comarca y subvencionada por la Junta de Andalucía cuando era presidenta Susana Díaz firmaron con la empresa Magno Ambiental del Levante un contrato de arrendamiento de maquinaria para la retirada de basura en los 17 municipios que componen el Consorcio. Este acuerdo se rubricó el 22 de noviembre de 2018 con la firma del alcalde de Casariche, Basilio Carrión, y el supuesto propietario de la sociedad. Sólo unos meses después, en febrero de 2019, los citados funcionarios, Mañas e Ibáñez, compraron la empresa, en la que pusieron como administradoras a sus parejas, aunque les hicieron firman un poder notarial en su favor. Es decir, constaban ellas, pero decidían ellos. Y a partir de ahí se multiplicó la facturación del Consorcio con Magno Ambiental , siempre sin licitación pública, con pagos que tenía que firmar el presidente, es decir, el alcalde de Casariche hasta octubre de 2019 y el de Estepa a partir de entonces. Cuando fue detenido por estos hechos el pasado 30 de enero, Carrión se acogió a su derecho a no declarar.

Pero esta operativa continuó con su sucesor, el actual alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, que también aprobó facturas a favor de esta empresa , considerada por la Policía como una sociedad pantalla con la que los implicados desviaban fondos para su lucro particular inflando el precio del arrendamiento de los camiones y rediciendo el número de estos vehículos en servicio, lo que podría explicar que no hubiera maquinaria suficiente para hacer los trabajos de reciclaje y por eso se enterraran grandes cantidades de basura en una balsa gigante sin clasificar. Muñoz sí declaró a la Policía, pero se limitó a explicar que es presidente del Consorcio desde octubre y que no conocía el objeto de los servicios prestados por Magno Ambiental del Levante porque «todavía está aterrizando al Consorcio» y «nadie le ha llegado a explicar con detalle la actividad del Consorcio y confía en el buen hacer de los trabajadores». El alcalde de Estepa aseguró ante los agentes que él firmo facturas a favor de la empresa investigada porque «firma muchos documentos del Consorcio que le son presentados», pero que «lo normal es que el documento también lo firme el secretario-interventor, pudiéndose tratar de un error puntual».

Lo cierto es que gracias a este mecanismo, la central de residuos subvencionada por la Junta sirvió a sus gestores para acumular un patrimonio personal de hasta 30 fincas en apenas dos años.