Uno de los principales implicados del fraude del reciclaje de Estepa se sienta en el banquillo por la construcción ilegal de un hotel en Algámitas

Entre los acusados también están una hija de Mañas, como representante legal de Promocañete, empresa que iba a construir el hotel y que también aparece implicada en la trama del reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente, y la persona que realizó el proyecto del hotel. Para éstos, la Fiscalía Provincial de Sevilla solicita un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio.

Esta causa tampoco es la primera a la que tiene que hacer frente la que fuera regidora socialista de Algámitas, que ya en 2014 fue condenada por la Audiencia de Sevilla a siete años de inhabilitación por dar licencia a cuatro chalés pese a «conocer incluso con detalle» que se trataba de una obra ilegal.

Precisamente, otra cuestión urbanística le lleva de nuevo al banquillo de los acusados. A su lado, se sentará José Antonio Mañas, quien en el verano de 2007, siendo ya secretario interventor de Algámitas, era administrador único de Promocañete, de la que era representante legal su hija.

Desde entonces hasta noviembre de 2008, Promocañete era la propietaria de unos terrenos ubicados en la finca conocida como El Chapatal. Padre e hija, «puestos de común acuerdo», promovieron la construcción del complejo hotelero Parque El Chapatal. Se ubicaría en el kilómetro 1,5 de la carretera SE-9225, que una Algámitas y Pruna.

El proyecto se iba a levantar a sólo nueve metros de dicha carretera y en unos suelos que tenían la calificación de no urbanizable, según el planeamiento vigente al tiempo de los hechos, el de julio de 1977. Además, existía un informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 15 de octubre de 2008 que establecía «expresamente», según recoge el escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, que la construcción del hotel se había ejecutado con incumplimiento de las determinaciones del régimen del suelo no urbanizable, encontrándose a una distancia inferior a los nueve metros de la carretera, invadiendo así la «zona de servidumbre pública de no edificación» y sin «autorización previa» de la Diputación como titular de dicha vía.

El Ministerio Público, además, señala que la Unidad de Gestión Administrativa de Carreteras y Caminos de la Diputación emitió un informe el 9 de marzo de 2009 en el que se señalaba que las obras no podían ser autorizadas por incumplir la legislación sectorial de carreteras de Andalucía.

Sin embargo y pese a tener todo el marco normativo en contra, Mañas, como secretario interventor del Ayuntamiento de Algámitas, informó favorablemente al proyecto de hotel en un informe fechado el 21 de noviembre de 2008. Este investigado, según el fiscal, sabía que el proyecto carecía de la preceptiva licencia de obras, ya que se estaban haciendo en suelo no urbanizable, sin tener autorización del titular de la carretera, la Diputación.

El cuarto investigado es el redactor del proyecto de actuación, a pesar de que sabía, según el Ministerio Público, la ilegalidad del hotel, no sólo por la mínima distancia que existía con respecto a la carretera, sino porque también sobrepasaba la altura de planta establecida legalmente. Además, este investigado certificó el 24 de diciembre de 2008, el día de Nochebuena, la ejecución de las obras sin que se hubiera concedido la licencia definitiva.

Con respecto a la actuación de Virtudes Cabello, la Fiscalía señala que ésta concedió la licencia de obras al proyecto a pesar de «conocer» que la obra se estaba realizando en zona de no edificación por ser zona de servidumbre de proximidad y seguridad de la carretera que unía su pueblo con Prunas. El 5 de diciembre de 2007 concedió la licencia provisional y la definitiva un año después, sin que se hubiera otorgado previamente la licencia de calificación medioambiental requerida por la legislación.

El 23 de noviembre de 2008, tres días antes de que la alcaldesa concediese la licencia definitiva, una unidad del Seprona de la Guardia Civil se personó en los terrenos para inspeccionar las obras. Allí hizo acto de presencia Mañas, «diciéndole que qué hacían allí». Los agentes solicitaron toda la documentación pertinente para comprobar la legalidad de las obras.

Entonces, Mañas, «como carecía de ella, confeccionó documentos para justificar las notificaciones a los titulares de las fincas colindantes», fechando las mismas «antes» de la inspección del Instituto Armado cuando «realmente habían tenido lugar después», entre septiembre y octubre de 2009.

Además, este acusado y la entonces alcaldesa, siempre según la Fiscalía, confeccionaron y firmaron otros documentos presuntamente falsos, como un «decreto de calificación ambiental y licencia urbanística» numerado como 471, expediente que realmente «correspondía a un proyecto de educación ambiental que no tenía nada que ver» con estas obras o una petición de licencia de obras, que en verdad correspondía a una entidad de cuidado de personas mayores. Todas las peticiones de licencia fueron realizadas, en connivencia con Mañas, por su hija, representante legal de Promocañete.