La UDEF apunta al exalto cargo de Susana Díaz en el desfalco millonario de Almensilla

Este agente responsable de la investigación ha comparecido después de que en la primera sesión del juicio, Julio Mateos reconociese directamente los hechos que le atribuye el Ministerio Público; tras lo cual manifestó que lamenta lo sucedido y el hecho de haber «jodido» al Sector F y a los parcelistas que lo componen.

«Evidentemente, es culpa mía«, enfatizaba, asegurando que le »gustaría poder hacer un retorno« del dinero desfalcado y perteneciente al colectivo de propietarios, pero él ha »perdido todo lo que tenía«. »Yo lo he perdido todo«, aseguraba, señalando a los dos restantes acusados, Ismael Perea y Juan Carlos Navarro, para invitarles a que admitan también los hechos que se les achacan y compensen en lo que «puedan» el agujero económico dejado al colectivo de parcelistas, que entonces aprovisionaba dinero para acometer las obras de urbanización de la zona de chalés que constituye el Sector F y dotarla de suministros públicos como agua corriente, electricidad o gas.

Según la investigación, durante el periodo en el que Julio Mateos ostentó el cargo de tesorero de la junta de compensación, «prevaliéndose de su cargo al estar autorizado en las cuentas de la entidad, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio«.

Según el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado, «y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación», que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del sector F.

En cuanto a Ismael Antonio Perea, señalaba la juez instructora que «prevaliéndose de su cargo de presidente de la junta de compensación y al estar asimismo autorizado en las cuentas, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros»; atribuyéndole un presunto «enriquecimiento ilícito» de 156.766 euros «de común acuerdo con el tesorero de la entidad».

El tercer acusado, Juan Carlos Navarro, apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación, habría cooperado igualmente en los hechos, según la investigación; facturando supuestamente a la junta de compensación servicios que no responderían a realidad alguna.

En este marco, este investigador ha relatado que después de que en mayo de 2015 Julio Mateos confesase en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación y después huyese a la República Dominicana, fue localizado allí gracias a una «confidencia». «Un señor», según ha dicho, se personó ante los agentes y dijo que «sabía dónde estaba» el encartado, «señalando» expresamente su domicilio en la República Dominicana.

Además, ha confirmado que «la inmensa mayoría» del dinero desfalcado por Julio Mateos fue destinado a financiar un «negocio» que promovía el mismo, para la venta de aceite de oliva adulterado en la República Dominicana.

Este agente ha explicado que Ismael Perea, presidente de la junta de compensación de 2009 a diciembre de 2012, habría operado como un «mecanismo» de Julio Mateos para «apropiarse» de dinero de la junta de compensación a través de los cheques al portador que cobraba el mismo con cargo a la entidad, obteniendo a cambio para sí una parte de los citados fondos. En ese sentido, y entre otros aspectos, ha señalado una transferencia de 12.000 euros en favor de la esposa de Perea, a la que ha vinculado con «algunas de las sociedades» que controlaba Julio Mateos.

Además, el instructor policial del caso ha sostenido que Julio Mateos «no actuaba solo», sino que a su entender, más bien operaba con la colaboración de «bastante gente». «Un tesorero no puede manejar sin más una cuenta bancaria, porque más de una persona se interesaría por los gastos» del dinero extraído, ha razonado.

Al respecto, ha señalado un «mecanismo» que revelaría una «posible compensación» de las derramas adeudadas por algunos de los parcelistas a la junta de compensación, mediante «falsos trabajos» de los mismos reflejados en facturas presentadas a la entidad pero sin que las mismas respondiesen a realidad alguna.

Ha expuesto el ejemplo de Pedro C., un parcelista al que la junta de compensación habría «condonado sus derramas» pendientes de pago a cuenta de una obra supuestamente sufragada por el mismo con factura de la empresa Derribos Pavón, una entidad que según este investigador negó que hubiese emitido dicho recibo o que hubiese acometido obra alguna. Esta práctica, según este agente, habría sido emprendida para «tener contentos a parte de los parcelistas».