El Dioni de Almensilla reconoce el saqueo millonario a los vecinos del Sector F: «Lamento haberlos jodido»

Julio Mateos, conocido como el Dioni de Almensilla, tras lucrarse con las aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del Sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas, huyo a la República Dominicana en la primavera de 2015, siendo finalmente detenido y encarcelado en España en agosto de 2016.

Junto a él se sienta Ismael Perea, un exconcejal socialista del municipio y quien fuera alto cargo de la Junta de Andalucía en etapa de Susana Díaz, que le nombró director general del Consorcio Fernando de los Ríos, que gestionaba la red Guadalinfo. El tercer acusado es un abogado. Según Julio Mateos los tres se lucraron con los fondos de los vecinos. «Lo que tenía lo he perdido, pero espero que el resto (de los acusados) asuman su parte y devuelvan lo que pueda. Es culpa mía», ha terminado afirmando el Dioni en una declaración en la que ha reconocido todos los hechos por los que viene acusado y por los que se enfrenta a seis años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida.

Según la Fiscalía el presunto desfalco asciende a 2,5 millones de euros, aunque el perjuicio económico a la junta de compensación fue mayor. La de hoy no era la primera vez que el Dioni reconocía los hechos pero no deja de sorprender porque deja en una situación de defensa complicada a los otros dos acusados. «No creo que una persona en política y con ambición sea ignorante de esta situación», ha llegado a decir sobre Perea y su conocimiento del fraude, de quien incluso ha añadido que le comentó que arreglarían el asunto de la junta de compensación cuando entrara en la fundación (Consorcio Francisco de los Ríos) e hicieran negocios. Sobre Juan Carlos Navarro, el abogado de la firma que ofrecía servicios de asesoramiento a la junta de compensación, ha asegurado que se también se quedaba con dinero.

Julio Mateos fue tesorero de la junta de compensación desde 2009 hasta 2015 y Perea, presidente hasta 2012. Según la Policía Nacional, el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, «con un número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias», en alusión al colectivo de parcelistas.

Tanto Julio Mateos como Ismael Perea, como ha declarado el primero, estaban autorizados en la cuenta de la entidad. Desviaron para uso propio cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación. Según el Dioni, pagaban a proveedores con cheques o en metálico, cheques nominativos o al portador, que ellos mismos cobraban para pagar a algunos proveedores.

Uno de esos supuestos proveedores era Asema, una asesoría económica donde trabajaba Julio Mateos, que nunca realizó trabajos para la junta de compensación para a la que se pagó importantes cantidades de dinero, que acababan en el patrimonio del Dioni o Ismael Perea, quien usó ese dinero «para ponerse medio bien», pues según Julio Mateos tenía problemas económicos al principio. Llegó a cancelar una hipóteca. Lo mismo pasaba con Torrens Abogados, aunque en este caso sí hizo algunos servicios.

Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, «y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros. «Ismael sabía que Asema no prestaba servicio a la junta de compensación», según el acusado que ha declarado este miércoles.

En el caso de Ismael Perea, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros, según las acusaciones. Hoy el Dioni ha insistido en que se lucró. Habrá que esperar a escuchar al exdirigente socialista.

La instrucción reveló «un gran desfase entre los fondos retirados y los aplicados al pago de facturas a proveedores, en concreto con una diferencia total de 156.766 euros, cantidad que con ánimo de ilícito enriquecimiento retiró Ismael Perea para fines personales, actuando de común acuerdo con el tesorero de la entidad».

La Fiscalía fijó finalmente en unos 2,5 millones el importe del presunto desfalco, que hoy ha reconocido el propio Dioni. Pide para Mateos seis años de prisión y una multa de doce meses con cuota diaria de 20 euros --con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago-- por un delito continuado de apropiación indebida y para Ismael Perea, una pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.

Igualmente, la Fiscalía acusa también a Juan Carlos Navarro, apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, de un posible delito continuado de apropiación indebida y pide para él una pena de un año menos un día de prisión y una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros. Según el Dioni, el señor Navarro también sabía que estaban desviando dinero de la junta de compensación y también se quedaba con dinero.

Tanto Ismael Perea como Juan Carlos Navarro declararán cuando se haya practicado toda la prueba de la vista oral, por petición de sus defensas a lo que se han opuesto algunas acusaciones que llevan los intereses de las familias afectadas, aunque el tribunal lo ha admitido.