El desfalco millonario del Dioni arruinó a 600 familias de Almensilla

Francisco Carvajal, según informa Europa Press, ha comparecido este lunes como testigo, después de que en la primera sesión del juicio, el extesorero de la junta de compensación Julio Mateos, conocido como el 'Dioni' de Almensilla, reconociese directamente los hechos que le atribuye el Ministerio Público, tras lo cual manifestó que lamenta lo sucedido y el hecho de haber «jodido» al Sector F y a los parcelistas que lo componen.

«Evidentemente, es culpa mía», enfatizaba, asegurando que le «gustaría poder hacer un retorno» del dinero desfalcado y perteneciente al colectivo de propietarios, pero él ha «perdido todo lo que tenía».

«Yo lo he perdido todo», aseguraba, señalando a los dos restantes acusados, el exedil del PSOE y ex director del consorcio público Fernando de los Ríos Ismael Perea, otrora presidente de la entidad; y el apoderado de la empresa Torrens Abogados Juan Carlos N., para invitarles a que admitan también los hechos que se les achacan y compensen en lo que «puedan» el agujero económico dejado al colectivo de parcelistas, que entonces aprovisionaba dinero para acometer las obras de urbanización de la zona de chalés que constituye el Sector F y dotarla de suministros públicos como agua corriente, electricidad o gas.

En este marco, Francisco Carvajal ha rememorado el correo electrónico remitido por Julio Mateos reconociendo que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona.

Según la investigación, durante el periodo en el que Julio Mateos ostentó el cargo de tesorero de la junta de compensación, «prevaliéndose de su cargo al estar autorizado en las cuentas de la entidad, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio».

El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado detalla que Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado, «y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación».

En cuanto a Ismael Perea, señalaba la juez instructora que «prevaliéndose de su cargo de presidente de la junta de compensación y al estar asimismo autorizado en las cuentas, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros»; atribuyéndole un presunto «enriquecimiento ilícito» de 156.766 euros «de común acuerdo con el tesorero de la entidad»; mientras Juan Carlos Navarro, apoderado de Torrens Abogados, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación, habría cooperado igualmente en los hechos, según la investigación; facturando supuestamente a la junta de compensación servicios que no responderían a realidad alguna.

Al respecto, Francisco Carvajal ha recordado la «gran sorpresa» que supuso el citado correo electrónico de Julio Mateos en mayo de 2015 confesando la apropiación de dinero, tras lo cual huyó a la República Dominicana; asegurando que él, como presidente de la junta de compensación, no vio un informe técnico de 2014 que apuntaría ya a la posibilidad de posibles desvíos de dinero por parte del tesorero y de Ismael Perea; si bien ha recordado las «manifestaciones y pancartas» de parcelistas críticos con la gestión de la entidad.

Carvajal ha asegurado que cuando supo del asunto por el citado correo electrónico «no sabía reaccionar» y telefoneó a un abogado de su confianza. «Le conté lo que teníamos encima. Le dije: Siéntate que te vas a caer», ha rememorado, detallando a continuación los pasos previos a la interposición de la denuncia contra Julios Mateos, ya entonces desaparecido. Todo ello, según ha dicho, justo el día previo a una reunión concertada con el banco para firmar un acuerdo con el que pagarle más de 3,5 millones de euros pendientes.

Este testigo ha manifestado que cuando comprobó «la poca caja que había» en la cuenta de la junta de compensación tras los hechos, descubrió que apenas restaban algo más de 200.000 euros; relatando que otra «sorpresa gorda» fue que Torrents Abogados había cobrado unos 1,4 millones de euros, extremo que a su entender «sólo se explica» mediante un concierto entre Julio Mateos y la que fuera administradora única de dicho despacho, C.T.S.

Y es que según ha asegurado, eran Julio Mateos e Ismael Perea quienes «pagaban a los proveedores» de servicios a la junta compensación, mediante talones o transferencias.

En ese marco, ha reconocido que él cobró como presidente un cheque de 100.000 euros en julio de 2015, pero para reunir dinero con el que entregar «750.000 euros» al banco y satisfacer las cuantías pendientes con dicha entidad.

También fue descubierta, según ha dicho, una deuda de 600.000 euros con la Seguridad Social. «Nos llevamos las manos a la cabeza al saberlo», ha aseverado, explicando que esa situación fue resuelta mediante el «fraccionamiento» del dinero adeudado, en un marco según ha recordado en el que «la Guardia Civil tuvo que intervenir infinidad de veces» en las asambleas y encuentros de los parcelistas, dada la cantidad de «problemas» entre ellos por la situación de la zona.

«En una asamblea me amenazaron de muerte. Me dijeron que me iban a cortar el cuello», ha enfatizado, reclamando que «al menos» los acusados «devuelvan lo que se han llevado» porque han «arruinado a 600 familias».