La Fiscalía se opone a suspender los trabajos en la mina de Aznalcóllar

En un escrito presentado en el juzgado de instrucción 3 de Sevilla, que investiga la concesión de la mina por parte de la Junta de Andalucía, la Fiscalía se opone a la suspensión cautelar de los trabajos en la explotación minera y a la imputación de diez intervinientes en el proceso, entre ellos una viceconsejera.

Fuentes judiciales han dicho a Efe que la oposición de la teniente fiscal de Sevilla se produce después de que la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ampliara la investigación de la concesión de la mina y la encargara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil .

Tras la oposición de la Fiscalía a paralizar los trabajos en la mina, ahora tendrá que ser la juez de instrucción la que se pronuncie al respecto. En este sentido, la juez, en una providencia dictada a principios de este mes, recordó que en agosto de 2015 se pronunció en contra de paralizar los trabajos de la mina, en la que en 1998 se produjo un vertido tóxico.

El proceso de concesión de la mina se culminó el 20 de febrero del 2015 por parte de la Junta en favor de Minorbis-Grupo México , lo que denunció la empresa finalista del concurso, Emerita Resources, e investigó el juzgado antes de archivar la causa en diciembre del 2015, decisión que revocó la Audiencia en octubre pasado.

La orden de reabrir el caso se produjo después de que la Audiencia apreciara «ilegalidades severas y arbitrarias» por parte de la Junta de Andalucía que podrían suponer un delito de prevaricación, según un auto cuya ponente fue Mercedes Alaya, que abrió varios casos contra la administración andaluza, como los ERE.

La empresa perdedora del concurso pidió, además de paralizar los trabajos de la mina, diez nuevas imputaciones que afectaban a una una viceconsejera, a un ex secretario general de Industria, a los seis miembros de la comisión técnica de la mesa de contratación y a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes legales de la empresa Minorbis.

La empresa denunciante consideró que, en este caso, se deben imputar los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociación ilegal, encubrimiento, falso testimonio y prevaricación.