Abengoa tilda de «extorsión» la petición de suspender su rescate y pide 1.100 millones si se acepta

Abengoa ha celebrado este jueves la vista en la que Abengoa y los accionistas pertenecientes a la plataforma Abengoashare han expuesto sus argumentos. La compañía, representada por Cortés Abogados, se opuso a la presencia de periodistas en la vista judicial alegando que la Abengoa está en una situación extremadamente delicada y que la prensa no tiene «ni arte ni parte» en el asunto. El juez aceptó finalmente la presencia de la Prensa al entender que Abengoa no había alegado razones que pudieran impedir la publicidad, al tiempo que aclaró que existe suficiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala la publicidad de estos actos judiciales porque la Justicia no puede sustraerse al control público.

Mientras que , se ha ratificado en su petición de suspensión cautelar del plan de refinanciación alegando el daño que se les causa. Los demandantes rechazan, entre otras cosas, que la matriz Abengoa S.A. desaparezca y que los accionistas queden diluidos en un 2,7% de la nueva Abengoa, la sociedad Abenewco1. Este colectivo ha presentado una demanda para anular el plan, demanda que ha sido admitida a trámite.

Por su parte, los letrados de Abengoa criticaron la petición de estas medidas cautelares, que dicen son una «insensatez», al considerar que se intenta « bombardear» la refinanciación de la compañía dentro y fuera de los juzgados . Según la compañía, la intención de estos accionistas es «extorsionar» a Abengoa para lograr sus objetivos, por lo que incluso pide la imposición de una multa a los demandantes. Abengoa ha pedido que la resolución judicial sobre la suspensión del plan sea lo antes posible porque están esperándola muchas partes, desde el ICO a la Junta de Andalucía. Este viernes finaliza también el plazo estipulado por Abengoa para las adhesiones a su plan de refinanciación.

Abengoa asegura que los demandantes no tienen legitimidad procesal porque no han acreditado su condición como tal , exponiendo así posibles defectos de forma. Además, rechaza que puedan impugnar el plan de refinanciación si no son acreedores ni bonistas. La empresa ha presentado en la vista un documento para demostrar que el tercer rescate no pasó por el consejo de administración del 6 de agosto, por lo que sería un acuerdo entre la dirección, los bancos, fondos y acreedores. Lo que no existe no se puede impugnar, argumenta.

En este sentido, la plataforma cree que el tercer rescate debió haberse aprobado en junta general de accionistas, «pero una vez ninguneada nadie tiene facultad para tomar una decisión de reestructuración de una compañía si no es el consejo de administración».

Aunque Abengoa ya estaba en situación de disolución el 31 de diciembre de 2019 al presentar un desfase patrimonial de 388 millones , sus abogados han defendido este jueves en el Juzgado Mercantil de Sevilla que su situación de insolvencia se deriva de la pandemia del Covid, lo que le ha obligado a adaptar su plan de negocio a la nueva situación.

Niega Abengoa la afirmación de los demandantes de que el consejo esté liquidando la matriz. En este sentido, la representación jurídica de la multinacional ha indicado que lo que se está intentando es salvarla y para ello Abengoa S.A, en preconcurso, tiene tres meses para refinanciarse. Asimismo, Abengoa ha alegado que fue hace tres años cuando se acordó la transferencia de los activos de Abengoa S.A. a Abenewco1, sociedad que ha acordado el plan de refinanciación con bancos y fondos.

A juicio de Cortés Abogados, la acción de estos accionistas podría poner en juego la continuidad de la empresa y sus 14.000 puestos de trabajo. Para que el juez desestime la petición de suspensión cautelar, la multinacional invoca «mala fe» y «temeridad» por parte de esos accionistas.

En cuanto al daño que podría causarse a la compañía si no se aprueba del plan de refinanciación del 6 de agosto, Abengoa recuerda que le impediría acceder a 250 millones de créditos con el aval del ICO , así como a una línea de avales de 300 millones de euros y a una quita con proveedores y acreedores financieros. En otras palabras, no aprobar el plan -ha indicado la empresa- «precipitaría su insolvencia» y se quedaría sin nada. Por esa razón, Abengoa pide al juez que si acepta la petición de suspensión cautelar imponga a los demandantes una caución o garantía no inferior a 1.100 millones de euros, que proponen 10.000 euros. «Se trata de una caución a todas luces desorbitada, equivalente a dos veces la deuda remanente que el plan de reestructuración pretende dejar en Abenewco1», ha declarado Juan Ignacio Navas a la salida de la vista, quien ha dicho que «lo que está en juego es si alguien puede plantear una reestructuración de una sociedad cotizada de espaldas a los accionistas y a su costa».