Minera Los Frailes prevé iniciar sus operaciones en Aználcollar este año y regenerar la zona

En este momento en el perímetro de la mina hay dos cortas, Los Frailes y Aznalcóllar, que acumulan agua de contacto y están circundadas por escombreras que quedaron abandonadas tras el cierre de 2001. «Lo primero que realizaremos será la depuración de toda el agua embalsada en ambas cortas con los máximos estándares de calidad; y junto a ello, se desarrollará un programa de revegetación y reforestación integral de las áreas de escombreras y zonas aledañas con especies autóctonas», apunta la compañía en el comunicado. Para ello, «estas superficies serán cubiertas con suelos fabricados para atender cada problemática, lo que permitirá reducir la generación de aguas de contacto, que es el principal pasivo ambiental del antiguo complejo», en palabras de Miguel Ángel González, director de operaciones de Minera Los Frailes.

A este proceso de recuperación ambiental «se destinarán más del 20% de las inversiones del proyecto». Será el primer paso para iniciar una nueva explotación que «se basa en parámetros radicalmente distintos a los del siglo veinte: será un proyecto tecnológico de minería subterránea que empleará las mejores técnicas disponibles marcadas por la UE, que no genera impacto visual; la operación interna utilizará sistemas no tripulados y el transporte se realiza en cintas transportadoras para elevar al máximo la seguridad de las operaciones; más del 80% del agua utilizada se recirculará para aprovecharla de nuevo en el proceso y en el que no habrá balsas de lodos; se reaprovecharán los residuos para rellenar de nuevo las galerías, lo que garantiza que no podrá ocurrir un accidente como el sucedido en el año 1998».

Minera Los Frailes es titular de los derechos mineros de Aznalcóllar desde su adjudicación en un concurso internacional en 2015. En ese momento ya se hizo cargo del mantenimiento de las instalaciones y del control y seguimiento de los pasivos ambientales del antiguo complejo minero, que desde 2001 había llevado a cabo la administración andaluza a través de las empresas públicas AMAYA y TRAGSA.

Tras la adjudicación comenzó un plan de investigación de recursos, con 107 sondeos, que confirmaron el potencial de la mina, y se inició la tramitación ambiental para obtener la Autorización Ambiental Unificada (AAU), un requisito imprescindible para el inicio de la actividad. «Ha sido una etapa para perfeccionar permanentemente el proyecto con la realización de prospecciones hidrogeológicas, geotécnicas, estudios ambientales y desarrollo de ingeniería en los que se ha contado con el apoyo de las empresas e instituciones de referencia en el sector, como como la firmas andaluzas Ayesa, Inerco y AT Clave y otras de ámbito nacional e internacional como Golder Associates, CRS Ingeniería, ERM, Paterson and Cooke, Wardell Armstrong, IDOM, etc».

En 2021 se llevó a cabo el proceso de información pública, habiéndose incorporado al proyecto todas las recomendaciones de centros científicos como el Instituto Geológico y Minero. Ahora la compañía espera recibir la AAU en los próximos meses, una vez que concluyan los últimos trámites en los que se garantiza que la gestión de la operación supera los máximos estándares de calidad internacionales. «Somos un proyecto minero que se basa en una restauración ambiental, es un caso único en el mundo», remarca González. Minera Los Frailes cuenta con 50 millones de toneladas de reservas minerales de zinc, cobre y plomo, y la operación se prolongará durante 20 años.

«Cuando se reciba la AAU el inicio de la actividad será inminente, ya que en estos años se ha ejecutado todo el desarrollo de ingeniería, en el que han colaborado empresas andaluzas, que permite al proyecto estar preparado para el arranque de la etapa de construcción». En total, Minera Los Frailes ya ha acometido una inversión superior a 50 millones de euros desde 2015.

«El proceso de tramitación se ha desarrollado con plenas garantías jurídicas», apunta la compañía. La iniciativa de Minera Los Frailes fue declarada Proyecto de Interés Público Superior (IPS) por la Junta de Andalucía, dado que contribuye al cumplimiento de políticas esenciales para la sociedad. La administración andaluza ha desestimado la petición de quienes han querido suspender el proceso porque es un proyecto que resulta esencial para la protección del medio ambiente y la restauración de zonas degradadas, así como también para reactivación económica de la comarca.