Financiación autonómica: primero Cataluña y luego el resto de españoles

Eso fue pocos años después de que las administraciones central y andaluza, alineadas bajo las siglas del PSOE, celebraran con amplias sonrisas y apretones de manos la aprobación de un método de reparto de los recursos del Estado entre los territorios que fue pactado en 2009 entre Zapatero y los independentistas de ERC. Al Gobierno andaluz de entonces le faltó descorchar el champán para festejar la propuesta de distribución del acuerdo. Según proclamó Griñán, era «enormemente positiva» porque reducía las desigualdades entre regiones.

Tras quince años de vigencia del sistema de financiación autonómica, que lleva diez años esperando una reforma que debió abordarse en 2014, la realidad es que hay poco que celebrar. El modelo de 2009, que no reformó Rajoy cuando tocaba y tampoco ha revisado Sánchez en siete años, «presenta carencias importantes en la equidad, pues las comunidades autónomas disponen de recursos por habitante ajustado —la unidad de necesidad que establece el modelo— demasiado desiguales para que la comunidad de residencia no condicione el nivel de acceso a los servicios, como establece la Constitución».

Estas deficiencias conducen a «una permanente infrafinanciación de cuatro comunidades»: Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha) respecto a la media de las autonomías de régimen común que se rigen por este sistema, es decir, todas salvo los territorios forales de País Vasco y Navarra. Es la conclusión que se plasma en un estudio que analiza el impacto negativo de dicho sistema en las cuatro comunidades infrafinanciadas. El informe publicado el pasado mes de mayo por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y presentado en Sevilla es el resultado de un concienzudo trabajo de estudio coordinado por Francisco Pérez García, que es catedrático emérito de la Universidad de Valencia, en colaboración con el economista José Antonio Pérez y el auditor Juan Pérez Ballester (IVIE).

Lejos de reducir la brecha entre comunidades ricas y pobres, el vigente método de financiación autonómica ahonda las diferencias entre los españoles en el acceso a los servicios fundamentales del Estado del Bienestar, como son la sanidad, educación y protección social. «La consecuencia de ello es que el 36% de los españoles viven en comunidades cuyos recursos por unidad de necesidad (la famosa variable de la población ajustada) están por debajo de la media de manera permanente», señala el informe.

El agujero creado por la falta de financiación autonómica es millonario. Los expertos calculan que Andalucía acumula una pérdida de 13.411 millones de euros entre los años 2009 y 2022. Para hacerse una idea del alcance de la cifra, equivale al presupuesto que manejó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el año 2023 para garantizar la atención sanitaria a los casi 8,5 millones de habitantes. Siendo elevado, todavía es mayor el perjuicio que sufre la Comunidad Valenciana, 20.399 millones de euros. Murcia ha perdido 4.135 millones y la comunidad castellanomanchega, la única de las cuatro que está gobernada por el PSOE, ha dispuesto de 1.961 millones menos de lo que debería.

La financiación ha llenado páginas en los periódicos y noticias en digitales, cortes en radio y televisión, y ha sido el hilo conductor de una encendida disputa política que uno y otro partido han utilizado sin disimulo según su conveniencia para atacar al adversario.

María Jesús Montero lleva siete años al frente del Ministerio de Hacienda. Han pasado diez desde que caducó el sistema. En este tiempo no ha corregido los graves desequilibrios que este sistema provoca a su tierra escudándose en que el PP no se pone de acuerdo en sus distintos territorios. Las propuestas de los técnicos han caído sistemáticamente en el mismo saco roto. Hubo un informe de la Comisión de Expertos del Ministerio de Hacienda en 2017 y otro del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2018, pero el Gobierno no ha puesto encima de la mesa una propuesta global para empezar a negociar.

La actual secretaria general del PSOE andaluz —cargo que asumió el pasado enero— considera que estos años —excluyendo 2020 y 2021 por la pandemia— nunca se han dado las condiciones económicas y políticas para abordar la reforma que ella demandaba a Rajoy. En marzo de 2018, tres meses antes de su nombramiento como ministra, impulsó un acuerdo del Parlamento andaluz muy exigente con Rajoy: cuatro de los cinco partido de la Cámara —todos menos Ciudadanos— reclamaron al Estado 16.000 millones de euros más para las comunidades, de los cuales 4.000 millones corresponderían a Andalucía para tener una financiación justa del Estado. Juanma Moreno (PP) lo apoyó como jefe de la oposición a sabiendas de que estaba poniendo en aprietos al presidente de su mismo partido.

Montero, que todos los meses recordaba a Rajoy «el maltrato» al que estaba sometida Andalucía y que la igualdad de todos los españoles se estaba rompiendo, ha dado prioridad a la quita de deuda del Estado con las autonomías que había pactado primero con la Generalitat de Cataluña y ERC, promesa que después quiso extender al resto de territorios.

Para terminar de ahondar en el agravio, el actual presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, a cambio de su investidura, acordó con ERC una «financiación singular» para Cataluña parecida a la de País Vasco y Navarra, de modo que la Generalitat recaude todos los impuestos y después aporte una cuota de solidaridad al resto de territorios que ni siquiera se ha cuantificado. Esta suerte de cupo fiscal catalán «no cabe en nuestra Constitución», advierte Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Precisamente este organismo cifró en 1.522 millones de euros el dinero que perdió Andalucía en 2022 en comparación con la financiación media de las autonomías.

«Este escenario acentúa la necesidad de corregir los perniciosos efectos de la aplicación durante quince años del vigente sistema de financiación, cuyas deficiencias no solo presentan graves obstáculos para garantizar la suficiencia financiera y la equidad para atender las competencias autonómicas, claves en el Estado del Bienestar en España, pues se están contemplando otros planteamientos que también son incompatibles con los compromisos de la solidaridad entre españoles con los que nació el Estado de las Autonomías y se aprobó la Constitución», avisa el informe de IVIE. Si no se ha abordado la reforma de un sistema que perpetúa la desigualdad de trato entre españoles es por razones «de mera oportunidad política», precisan sus autores.

Los economistas de IVIE y Fedea coinciden en que el Gobierno debe aprobar de manera inmediata un Fondo Transitorio de Nivelación, una compensación, con el objetivo de reducir en parte los desequilibrios que provoca el actual modelo de reparto.

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno lo ha pedido de manera insistente. Montero lo ha descartado, mientras defiende que el acuerdo de financiación singular para Cataluña será «muy bueno para Andalucía». El único inconveniente es que ningún experto independiente sobre esta materia ha corroborado las bondades de dicho pacto bilateral.