La investigación policial de Aznalcóllar dinamita la reapertura

Tras esta primera parte de la investigación, la UDEF ha dado ahora un giro radical a sus pesquisas . De hecho, su nueva investigación ya nada tiene ya que ver con los delitos económicos. Ahora el objetivo de la unidad de delincuencia económica parece encaminado a convertir Aznalcóllar en un posible delito ecológico . Para ello, ha recogido muestras de agua en la mina y tras el análisis de las mismas ha realizado un duro atestado en el que supuestamente certifica que hay vertidos contaminantes. Hoy será Ecologistas en Acción -organización que está personada en la causa- la encargada difundir públicamente este atestado y ofrecerá una rueda de prensa tras interponer una denuncia contra «los responsables de los actuales vertidos contaminantes de la mina de Aználcollar», según han confirmado a ABC. La Junta de Andalucía ha sido la encargada de la gestión de los pasivos medioambientales de Aznalcóllar desde 2001.

Para ello la administración andaluza realizó dos encomiendas, una a la empresa pública Tragsa y otra a la también pública Egmasa (hoy denominada Anaya). Aunque esta situación ha sido así desde hace quince años, es ahora cuando la UDEF se ha interesado por el estado de las aguas en Aznalcóllar, una cuestión que no está relacionada en ningún caso con la investigación original.

¿Cómo se ha realizado este nuevo atestado? Según ha podido saber ABC, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla informó el pasado 7 de julio de que «se realizaría una inspección ocular técnico policial el 9 de julio» en las instalaciones de la mina de Aznalcóllar. Aunque posteriormente la policía informó de que acudirían seis funcionarios policiales y dos del Instituto nacional de Toxicología, el 9 de julio también aparecieron en la explotación sevillana dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Las fuentes consultadas por ABC indican que la UDEF también estaba acompañada por Ismael Jesús Rodríguez Barbero, técnico de la empresa denunciante Emerita, al cual se le denegó la entrada en el recinto. Rodríguez Barbero es la persona que ha testificado que el presidente de Magtel (una de las empresas ganadoras) chantajeó a Emerita con la cooperación de los funcionarios de la Junta de Andalucía.

Una vez que la UDEF, el Seprona y el Instituto de Toxicología acceden al recinto (sin la compañía de Ismael Jesús Barbero) lo que se en teoría era «una inspección ocular» se reconvirtió sobre el terreno en una recogida de muestras de agua . Con lo cual, «sin anunciarlo previamente se desarrolló una selección de muestras al margen de las reglas procedimentales, con el total desconocimiento de la administración minera y sin la presencia de ningún funcionario público relacionado con la política de minas», según las fuentes consultadas por ABC.