¿A quién recurrir para evitar un largo pleito ante el bloqueo de la Justicia?

Es en esta tesitura donde cobra más relevancia la apuesta del Colegio de Abogados y la Cámara de Comercio de Sevilla por la cultura del acuerdo, ofreciendo desde ya a profesionales «independientes y de gran prestigio», como mediadores y árbitros, para que empresas y ciudadanos eviten tener que llegar ante un juez y, al mismo tiempo, «desjudicializar» los conflictos.

Fue a principios de 2019, con la llegada de Óscar Cisneros al Decanato de los abogados, cuando comenzaron las conversaciones y reuniones de trabajo con la entidad presidida por Francisco Herrera para crear la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (Asemarb) en Sevilla. La firma del acuerdo fue el pasado mes de septiembre y ahora entra en funcionamiento.

Adolfo Cuéllar, vicedecano del Colegio de Abogados, y Pedro Delgado, secretario general de la Cámara de Comercio, vicepresidente y presidente, respectivamente, de la Comisión Ejecutiva de la Asociación, coinciden en señalar a este periódico que se está poniendo a disposición de empresas y ciudadanos un servicio «independiente, de calidad, confidencial y eficiente económicamente».

Para ello se ha llevado a cabo un «riguroso» proceso de selección de los mediadores y árbitros, en su mayoría juristas , aunque también economistas o psicólogos, de «gran prestigio, formación y experiencia».

Pedro Delgado resalta la vocación de servicio que ha unido a ambas instituciones sevillanas para desarrollar esta Asociación, que nace en un momento donde empresarios y autónomos, muy afectados por la crisis económica derivada de la sanitaria , necesitan más apoyo que nunca.

Desde las administraciones siempre se alude a la reducción burocrática y simplificación de trámites, pues esta herramienta va a permitir alcanzar soluciones a las partes de un conflicto ahorrando tiempo.

Según Cuéllar, la Administración de Justicia ya está demandando y requiriendo soluciones alternativas en la resolución de conflictos. De hecho, augura que las próximas leyes «exigirán» un intento de mediación , evitándose en la medida de lo posible llegar a los saturados juzgados.

«Hay que sentarse para resolver los conflictos y se puede ganar tiempo y tener beneficios económicos», subraya, advirtiendo de que ya se están señalando para 2022 juicios por despidos laborales . Los abogados han de velar por el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva que «exige celeridad y agilidad», de lo que carece actualmente los juzgados por el número de causas.

En el servicio de arbitraje, la figura de un profesional, en su caso jurista, independiente sustituye a un juez y propondrá a las partes una solución que satisfaga a ambas. En lugar de sentencia habrá un laudo arbitral , que tiene la misma obligatoriedad en el cumplimiento.

Mientras, en la mediación, serán las partes que busquen un acuerdo con la presencia de la figura neutral del mediador . Aquí, el acuerdo podrá materializarse por escrito y protocolizarse ante notario. De no fructificar las negociaciones, se podrá acudir al órgano judicial o, en su caso, al arbitraje.

Cuéllar y Delgado insisten en lanzar el mensaje de que es un servicio abierto a cualquier ciudadano o empresa , para asuntos de mayor o menor cuantía o complejidad. Cada uno tendrá el tratamiento adecuado. Esta crisis económica está evidenciando que es necesaria la cultura del acuerdo , como refleja las negociaciones entre inquilinos y arrendatarios para una nueva renta, por ejemplo.

Con estos servicios, según precisa Cuéllar, no se busca sustituir al abogado , que en la mayoría de los casos será necesario, si no poner en el centro de una negociación a una figura «neutral, imparcial e independiente» que permita llegar a un entendimiento, «limando» las cuestiones que puedan obstaculizar dicho acuerdo.

Tanto el Colegio de Abogados como la Cámara de Comercio han hecho una decidida apuesta por la formación de los profesionales que han de ejercer como árbitros o mediadores. «Tienen que acreditar que poseen los conocimientos y perfiles adecuados, así como experiencia», asegura Adolfo Cuéllar, quien aclara que ambas instituciones no tienen ánimo de lucro en este servicio.

La Asociación, cuyo origen está en Sevilla, está abierta a actuar en todo el territorio andaluz y, por supuesto, a contar con más alianzas de colaboración con otras entidades o colegios oficiales sin ánimo de lucro.

Uno de los beneficiarios de la puesta en funcionamiento de estas dos herramientas es, sin duda, la propia Administración de Justicia, pues la situación de crisis pone en necesidad esta materia. « Hay que ir al juzgado como última vía », según Cuéllar, que junto a Delgado, insisten en la cultura anglosajona del acuerdo.

«Un mes de una mediación, por ejemplo, es mejor que tres años de procedimiento judicial y dejarlo todo a la decisión de un juez», según Cuéllar, que pone de ejemplo el acuerdo alcanzado en caso Betis , cuya vía penal aún podría haber estado en los tribunales.

La mediación y el arbitraje pueden aliviar los procedimientos mercantiles , civiles, de familia, casos de arrendamientos o en los que aparezca el estado de alarma como «fuerza mayor», incluso a la jurisdicción penal.