Espadas se enfrenta a Pedro Sánchez por la ley de Patrimonio y la gestión del Alcázar de Sevilla

Esta norma ha sido contestada por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo , y por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses , ambos con el mismo argumento: se trata de una «invasión competencial» y una «injerencia» del Gobierno en propiedades que no son de su titularidad. También reaccionó con rapidez el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien anunció que va a tomar todas las medidas a su alcance para evitar que esta ley prospere. Pero el alcalde de Sevilla ha guardado silencio durante días , una postura muy llamativa teniendo en cuenta, como desveló este periódico, que lleva años reclamando al Estado la titularidad plena del Alcázar, propiedad del Ayuntamiento. Sin embargo, ante esta clarísima contradicción, Espadas ha decidido actuar y dirigirse al Gobierno de Pedro Sánchez para que anule esta medida que otorga al Estado la autoridad en la gestión de los monumentos declarados Patrimonio Mundial aunque no sea el propietario.

Concretamente, el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz , ha enviado al Ministerio de Cultura un documento con aportaciones del Ayuntamiento al anteproyecto de ley del Patrimonio Histórico Español en el que solicita formalmente al Gobierno que renuncie a esta polémica idea . Ese informe, al que ha tenido acceso ABC, valora «positivamente la iniciativa legislativa en cuanto supone de actualización necesaria de la Ley de 1985, incorporando nuevas realidades acreedoras de esta protección como el patrimonio industrial, los paisajes culturales o el patrimonio cinematográfico », recalcando además que «se pone el foco en el conocimiento del patrimonio histórico español como un modo de garantizar el acceso a la cultura». Sin embargo, desde el punto de vista de la gestión de los Bienes de Interés Mundial, el Ayuntamiento denuncia que se establece una medida que « en nuestra ciudad afecta a la Catedral, Archivo de Indias , y en lo que más directamente nos afecta (al gobierno municipal), a los Reales Alcázares». En este sentido, Muñoz explica que «la norma contempla la posibilidad de que se imponga la constitución de un Patronato en el que participen las administraciones autonómicas y locales afectadas y las entidades privadas que ostenten derechos sobre estos bienes, aunque la Administración General del Estado se reserva, en todo caso, la mayoría de votos en los órganos de gobierno». Por ello, el delegado critica que «la función de este Patronato no está nada clara, ya que la norma se refiere a la 'debida coordinación interadministrativa en relación con dichos bienes inmuebles', sin que se aclaren sus competencias directas sobre la gestión del bien». Por tanto, prosigue Muñoz, «si lo que se pretende es limitar al municipio la capacidad de gestión de sus propios bienes consideramos que existiría un serio conflicto con la autonomía local constitucionalmente garantizada por el artículo 140, y ello cuando el municipio, al menos el Ayuntamiento de Sevilla, ha demostrado con creces su capacidad de conservación y gestión del Bien de Interés Cultural».

Por lo tanto, el Ayuntamiento plantea dos aportaciones. En primer lugar, suprimir del texto del anteproyecto la figura del Patronato de los Bienes Culturales de Interés Mundial. Y segundo, «en caso de considerarse necesario algún instrumento de coordinación, redactar la norma dejando meridianamente claro que la coordinación no afectará al modo de gestión que en el ejercicio de su autonomía decida el municipio».

La posición del Ayuntamiento de Sevilla, en consecuencia, es de clara oposición a esta medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para quedarse con la gestión de todos los grandes monumentos apartando a sus legítimos titulares. Se trata de la primera discrepancia de Juan Espadas con el presidente, que ha sido su principal avalista para las primarias del PSOE en Andalucía.