Los «Rolling Stones» de la Ley de Segunda Oportunidad avisan de "derechos cercenados"

José María Puelles Valencia e Idoia Azpeitia Alonso han protagonizado este viernes la mesa Vivienda, Segunda Oportunidad y Créditos Públicos del I Congreso de la Abogacía de Sevilla, presentada por el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio Alberto Pérez-Miranda Castillo y moderada por la letrada Cecilia Franco Romero.

La abogada Cecilia Franco ha introducido los prolegómenos del asunto, en torno a esta ley de la Segunda Oportunidad, que permite a las personas físicas, incluyendo a los autónomos, intentar superar su «fracaso económico» y contar con otra «posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer».

Se trata de un mecanismo legal de creciente recurso en la actualidad, que parte de la premisa de que sin instrumentos de esta naturaleza, la sociedad acaba desincentivando no sólo la posibilidad de que el deudor se anime a emprender nuevas actividades con las que dar un giro a su situación, sino que además puede desalentar su mera permanencia en el circuito regular de la economía, «lo que no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores, ya sean públicos o privados», según la propia ley.

En ese sentido, Cecilia Franco ha destacado a José María Puelles Valencia e Idoia Azpeitia Alonso como «los Rolling Stones de la Segunda Oportunidad», por la gran especialización en la materia de estos profesionales de la abogacía.

A continuación, José María Puelles ha profundizado en la problemática relativa en el tratamiento del crédito público en los concursos de personas físicas, defendiendo que las directivas europeas y la legislación sobre segunda oportunidad consagran la misma «como un derecho» y aluden a «la plena exoneración de las deudas», lamentando que en España haya sido promovida una «adaptación» para exceptuar el crédito público con el argumento de la «solidaridad» con lo común.

A su entender, se trata de una excepción «no justificada» que está «generando impedimentos» en la aplicación de la citada ley y que supone «cercenar un derecho», sobre todo porque el deudor público no está calificado por antonomasia como «deudor de mala fe».

Idoia Azpeitia Alonso ha ahondado de su lado en la situación de la vivienda habitual en este tipo de procedimientos, esgrimiendo especialmente que el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de Unión Europea marcan «la protección de la vivienda habitual», con lo que en los casos de concurso en los que no se permita su conservación ocurre una «vulneración» de estas cartas fundamentales.

Así, Idoia Azpeitia Alonso ha llamado a los profesionales del Derecho a «acudir a la doctrina» del TJUE y del Convenio Europeo de los Derechos Humanos en defensa de la «obligaciones positivas» que protegen la vivienda habitual en este tipo de procedimientos.

Gracias a la «evolución de la jurisprudencia», sobre todo en el ámbito europeo, ya hay según ha puntualizado «muchas sentencias» en favor de la protección de la vivienda habitual en este tipo de casos.