Los padres de Sandra comparecen este miércoles como testigos en la Fiscalía de Menores de Sevilla

Cabe señalar que el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

En este contexto, la Fiscalía también pidió, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras en el caso. Por su parte, el tío de la joven, Isaac Villar, lamentaba el pasado jueves 6 de noviembre, en una manifestación contra el acoso escolar en Madrid que que en el caso de su sobrina «no se llevasen a cabo» los protocolos de acoso escolar por parte del centro educativo, al tiempo que ha manifestado que, aunque no se puede saber con certeza si la aplicación de los mismos hubiese impedido el final de la joven, «sí se podría haber tomado medidas para intentar evitarlo».

En este sentido, la dirección del colegio privado concertado pedía unos días tras el incidente «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación» policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro. La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar.

El caso movilizó el pasado martes 28 de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas para acabar «con el monstruo del bullying» tras el caso de Sandra. Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo, señaló que el caso se encuentra, a la espera de que la Fiscalía determine sus conclusiones sobre el mismo, en la denominada comisión de conciliación, que está prevista en la ley orgánica del Derecho a la Educación.

Esta comisión, que está formada por un representante de Educación, un representante del centro educativo y otro del consejo escolar, tiene como objetivo ver qué ha pasado, qué medidas se han adoptado y el alcance de la responsabilidad de las actuaciones que se han llevado a cabo o no en el caso.

Castillo señalaba que «en función de esa comisión y lo que se concluya», se determinará si la falta que cometió las Irlandesas se califica como leve, que conllevaría un apercibimiento; grave, que puede conllevar una sanción de tipo económico en el marco del concierto, o muy grave, que implicaría la retirada del concierto al centro.