Luis Martín Robredo, fiscal de Sevilla: «A cualquier fiscal de a pie se le suspendería si es imputado por cualquier delito»

-Se presentó a las oposiciones a juez y fiscal y aprobó estas últimas. ¿Qué le dijo su padre cuando aprobó las oposiciones a fiscal?

-Me dio la enhorabuena y me dijo que iba a vivir mucho mejor que un juez.

-¿Y tenía razón?

-Sí, pero con matices porque depende del destino concreto de cada juez o fiscal, aunque es innegable que la decisión final sobre un asunto es del juez o tribunal y eso incrementa su responsabilidad.

-Algunos jueces y magistrados de Sevilla se están dando de baja por esta sobrecarga de trabajo.

-Sí, yo conozco varios casos. Y a algunos este estrés les ha producido enfermedades importantes. Piense que salvo que haya una sentencia de conformidad, en España todo se recurre. Y el trabajo de los magistrados se multiplica y se hace estresante. Ahora hay más exigencia en la motivación de las sentencias y el número de asuntos se ha quintuplicado. Cuando yo llegué a Sevilla en 1985 llegamos siete de forma simultánea. Éramos entonces unos 20 fiscales en total y ahora son unos cien.

-¿La dependencia jerárquica de los fiscales es buena para el funcionamiento de la Justicia?

-Siempre ha existido y tiene un sentido porque los fiscales ejercemos la acción penal en los tribunales y no se puede actuar de una manera en Cuenca y otra en Sevilla. El problema es la sospecha que arroja sobre los fiscales que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno. Quiero decir, no obstante, que en la mayoría de las ocasiones esta posible injerencia no se produce.

-¿Usted no ha sufrido nunca una injerencia de un superior?

-Jamás he recibido una orden de actuar en un sentido concreto en estos cuarenta años. Si ha habido alguna discrepancia, siempre hemos llegado a un consenso con el fiscal jefe o en la Junta de Fiscalía. Pero hablo por mí, no sé si algún compañero habrá sufrido alguna injerencia de este tipo alguna vez, aunque mi impresión es que no se suelen producir.

-¿Al fiscal general del Estado lo debería elegir el Gobierno de turno?

-En mi opinión, debería elegirlo una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso. Es decir, un candidato de consenso y creo que las asociaciones de fiscales deberían proponerlos. Debería ser alguien que acreditara su imparcialidad.

-El actual fiscal general del Estado no parece haberla acreditado y actualmente se encuentra imputado por el Tribunal Supremo, algo sin precedentes en España. ¿No debería haber dimitido?

-El Estatuto Fiscal no le obliga a dimitir por esta circunstancia, algo que nunca se había dado hasta ahora. Respeto su decisión de no dimitir pero yo, en su caso, lo hubiera hecho para proteger la institución de la Fiscalía General del Estado. Este caso, no obstante, tiene muchos matices y problemas de carácter probatorio y de calificación jurídica. El caso tiene buena defensa en mi opinión. Pero yo hubiera dimitido.

-¿Qué le pasaría a usted o a cualquier otro fiscal si le imputaran algún delito?

-Para el resto de fiscales de a pie, está prevista en nuestro reglamento la figura de la suspensión temporal.

-O sea, que a cualquier otro fiscal le hubieran apartado del cargo.

-El acto de apertura de juicio oral sería causa de suspensión temporal, que la determinaría precisamente el fiscal general del Estado. Sin perjuicio de que fuera rehabilitado y repuesto en sus funciones en el supuesto de una sentencia absolutoria. Si fuera algo menor, como dar positivo en una prueba de alcoholemia, también podríamos ser suspendidos, aunque cabe la posibilidad de que no.

-García Ortiz eliminó todos los mensajes de su móvil durante los días que está investigando el Tribunal Supremo por la supuesta filtración a los medios de comunicación de las negociaciones de un ciudadano particular -la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid- por un presunto delito fiscal con el Ministerio Fiscal que le acusaba. ¿Le parece normal que un fiscal general del Estado actúe así?

-No conozco el asunto y por eso es difícil dar una respuesta. Pero si resultara ser cierto indudablemente nolo veo bien y puede suponer un indicio en contra. Pero insisto en que es un asunto con muchos matices.

-¿Qué le parecería que los fiscales asumieran la instrucción de los casos penales como pretende la reforma del Gobierno de la Nación?

-Me parecería bien porque ya se hace en la mayoría de los países europeos y tiene lógica que instruyamos nosotros y no el juez, puesto que somos los fiscales quienes tenemos que presentar las pruebas ante el Tribunal.

-Los jueces y fiscales acaban de hacer una huelga en toda España. ¿Hizo usted huelga?

-No, pero comparto las reivindicaciones que motivaron esa huelga. No la hice porque no tenía claro que esa fuera la mejor manera de defenderlas.

-Otro de los motivos de queja de jueces y fiscales es el nuevo modelo de oposiciones a la judicatura.

-Sí, se quiere rebajar la calidad de la oposición. Yo creo que el ejercicio memorístico es la mejor manera de acreditar que se conoce el temario. No vería mal que se ampliara la oposición con un cuarto ejercicio para valorar la capacidad de aplicar esos conocimientos con un caso práctico, pero no que se eliminara ningún ejercicio como parece que se pretende.

-¿Qué otra cuestión negativa destacaría de este proyecto de ley del Gobierno para reformar el acceso a la carrera judicial?

-Sobre todo, la integración de los fiscales sustitutos. Tengo una magnífica opinión de todos con los que he trabajado pero la manera que ha elegido el Gobierno de regularizar su situación no es la más correcta porque se acepta, por ejemplo, que se pueda integrar a abogados con cinco años de ejercicio, en detrimento de cuatro mil compañeros que tratan de aprobar las oposiciones. No respeta los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Yo exigiría diez o quince años de ejercicio de fiscales sustitutos y no letrados.

-¿Lo que pretende esta reforma del Gobierno de Pedro Sánchez es la entrada por la puerta de atrás?

-Sí, podría definirse así porque son personas que nada tienen que ver con la Fiscalía.

-¿Serían fiscales más manipulables?

-Sí, se presta desde luego a esa interpretación. Ignoro si esa ha sido la intención del legislador pero despierta una sospecha razonable. Y se presta a esa interpretación.

-Sobre todo, cuando el Gobierno que propone esto está sometido en este momento a muchos frentes judiciales, quizá en una medida no conocida hasta ahora en la democracia española.

-Sí. No sólo el de Santos Cerdán sino también el de la mujer y el hermano del presidente del Gobierno. Sin prejuzgar la trayectoria judicial de estos casos, que está por ver, aunque lo que parece es que en el Ministerio de Fometo la corrupción era generalizada y se sospecha que todos los concursos estaban amañados.

-¿Será posible demostrarlo?

-Lo veo difícil porque según tengo entendido ninguna empresa perjudicada por presuntos amaños en adjudicaciones de obras ha denunciado esta situación. Esto dificulta probar si ha podido haber comisiones ilegales para conseguir dichas adjudicaciones. Las investigaciones sobre ingresos ilícitos en cuentas corrientes o entregas en mano son complejas.

-Hacienda está perdiendo muchos juicios por delitos fiscales en los últimos años: Ana Duato, Xavi Alonso, Andrés Iniesta y Juan Carlos Ferrero. ¿Cree que la Fiscalía debería repensar su estrategia en estos casos y no aceptar siempre las tesis de la Agencia Tributaria?

-Efectivamente, atendiendo a la última jurisprudencia, en relación a los casos que menciona a lo mejor habría que replantearse nuestra intervención. No obstante, habrá que esperar a que el Tribunal Supremo unifique la doctrina porque a Messi le condenaron por hechos muy parecidos. Esperemos a las definitivas resoluciones del TS en los asuntos aún pendientes.