Jefes de la Policía Local decían a los agentes a qué medico ir para las bajas: «Yo te paso el teléfono»

La situación se remontaría a mucho antes, incluso 15 años atrás según fuentes del asunto. Por lo pronto, de ello había constancia en 2022, en el anterior mandato municipal, porque en julio de ese año, dos agentes de la Policía Local avisaban al entonces intendente mayor del cuerpo, Antonio Luis Moreno, actual jefe del cuerpo, de un revelador incidente con un oficial. Durante una discrepancia con este oficial cuando intentaban compensar con días de descanso pendientes de disfrutar su ausencia a un servicio por llevar a urgencias a la hija común de ambos, pues son pareja, este mando habría manifestado conocer «lo que pasa con los médicos», en alusión expresa a llamar al mencionado facultativo de Asisa y que el mismo «da» el justificante de ausencia por enfermedad. «Yo te paso el teléfono si quieres», aseguraban estos agentes que les habría dicho el citado oficial.

Según estos efectivos de la Policía Local, el oficial les habría contestado que la opción de compensar su ausencia al citado servicio por llevar a su hija a las urgencias de un hospital, mediante días de descanso pendientes de consumar, era una solución «ilegal», respondiendo los mismos que contaban con los justificantes de la asistencia al citado centro hospitalario y solicitando información sobre el procedimiento correcto a seguir y el criterio seguido a la hora de avalar o no las faltas al servicio.

Esta pareja de agentes ponía de manifiesto un claro enfrentamiento personal con el oficial después de que éstos abrieran expediente sancionador en 2020 a un bar de un amigo del citado oficial. Los agentes le reprocharon la falta de tramitación de las denuncias: «Dijisteis que ibais a poner tres denuncias y pusisteis siete, de las que solamente le ha llegado una, la de manipulador de alimentos. Tú no me vas a fiscalizar a mí», aseguran que habría dicho el oficial. Los citados agentes elevaban así al intendente mayor y actual jefe de la Policía Local que este mando les mostraba «despecho y reproche» por su actuación en la inspección del bar de su amigo, donde detectaron varias infracciones.

Para ellos, ante aquella situación este oficial estaba «desquitándose» con el caso de sus ausencias a un servicio por llevar a su hija a las urgencias de un hospital, al tratarse del mando que «está a cargo de la realización de los cuadrantes de la unidad, sin ningún tipo de supervisión».

«Yo le daré descanso correspondiente a quién me dé la gana. Haré lo que yo quiera», aseguraban estos efectivos que habría aseverado el oficial, instándoles a tratar el asunto con el departamento de Recursos Humanos porque pesaba sobre ellos una falta sin justificar. «Le haré un favor a quien yo quiera», les habría llegado a espetar según su versión de este incidente.

Habría sido a partir de ese momento de la conversación, al persistir las diferencias, cuando según el relato de esta pareja de agentes el oficial habría introducido el asunto del mencionado facultativo médico, ahora en boga por haber firmado más del 47 por ciento de los partes de «días malosos» o incapacidades temporales sin baja laboral de los agentes de la Policía Local entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este año.

«Todos sabemos cómo funciona esto. Yo sé que tú vas al médico y te da un justificante diciendo que tú refieres que ayer estuviste mala. Yo sé lo que pasa con los médicos», habría dicho el oficial según la narración de los agentes, aludiendo supuestamente este mando al mencionado facultativo como la persona que «da» los justificantes si se le requieren.

«Yo te paso el teléfono, si quieres», habría llegado a agregar este oficial, reiterando el aviso de que «el justificante médico no quiere decir nada, tiene validez sólo si se acoge al artículo 66» y que en ese caso, él tendría su propio papel: «Le haré el favor a quien me de la gana».

Los agentes avisaban así al intendente mayor de que ellos desconocían la existencia del facultativo aludido por el oficial y «del que dice tener su número de teléfono, llegando incluso a ofrecerlo» para la práctica descrita.

Precisamente por eso, estos policías locales pedían al intendente mayor la incoación de una investigación, para esclarecer «el procedimiento por el cual el facultativo que refiere el oficial facilita los partes como justificantes de falta de asistencia laboral». También pedían comprobar si sus boletines de denuncia relativos al bar del amigo de dicho oficial fueron cursados correctamente para que llegaran al órgano instructor, porque según el oficial, «la única denuncia que ha llegado es la de carecer de certificado de manipulador de alimentos, que afecta únicamente a uno de los empleados, mientras que ninguna de las otras denuncias propuestas han llegado al titular del establecimiento».

Pedían, además, averiguar «si los cuadrantes de asistencias al servicio realizados por este oficial, sobre todo en lo relativo al criterio de asignación de los días de descanso y a la consiguiente detracción de los mismos, obedecen a criterios justos, equitativos, objetivos e imparciales».

Para ellos, el oficial podría haber estado deparándoles un «trato desigual y discriminatorio» con respecto al resto de sus compañeros, probablemente por su actuación en la mencionaba inspección policial al bar del amigo de este mando del cuerpo allá en 2020. Es decir que sospechaban de una represalia por sus boletines de denuncia.

En cualquier caso, Asisa ha apartado provisionalmente al mencionado facultativo médico de los servicios correspondientes a la plantilla del Ayuntamiento hispalense, al considerar anómalo que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este año haya aglutinado 290 de las 605 justificaciones de días «malosos» de los agentes de la Policía Local. Es decir más del 47 por ciento del total.

Este facultativo incluso habría despachado además los partes de enfermedad de numerosos agentes de diferentes departamentos del Cuerpo de Policía Local geográficamente distantes de su lugar de trabajo y con domicilios en ubicaciones ajenas a la zona de dicha consulta.

La medida de apartarle de este servicio la ha trasladado ya el propio facultativo a los asegurados de su consulta afectados por dicha decisión, que se aplica «hasta nueva orden», según él mismo.

En su literalidad, el mensaje dice lo siguiente: «Exclusivamente para asegurados del Ayuntamiento de Sevilla: He recibido una notificación de Asisa y Ayuntamiento para que no realice mis funciones médicas hasta, espero, nueva orden a todos los asegurados. Lo que le comunico para su conocimiento y si lo considera realice lo que crea oportuno para restablecer el servicio como hasta ahora, y seguir siendo su médico de cabecera como en su día me escogió». Tanto la empresa de servicios sanitarios como la consulta del citado profesional han declinado pronunciarse sobre este asunto.

Frente a ello, el sindicato CSIF ha negado cualquier «trama mafiosa», exponiendo en las redes sociales que «este médico ha dado una media mensual de 26 justificantes de asistencia sanitaria que no baja en 11 meses. Ni una por día» y acusando al Gobierno local de Sevilla de «filtrar información sesgada» para poner a la opinión pública en contra de la plantilla.

En cualquier caso, el Ayuntamiento hispalense está analizando los partes médicos o justificantes relativos a la oleada masiva de ausencias a los servicios especiales del pasado fin de semana, cuando la ciudad vivió los actos del encendido del alumbrado navideño el sábado y el derbi entre el Sevilla y el Betis el domingo, con la inasistencia del 75 y el 70 por ciento de los efectivos asignados a los turnos de cada una de esas tardes.

Y es que en el marco de la falta de acuerdo entre los sindicatos y el gobierno local para las retribuciones de las horas extraordinarias de los dispositivos del Plan de Navidad, la ausencia de consenso llevó al alcalde, el popular José Luis Sanz, a decretar el nivel uno del Plan Municipal de Emergencias. La entrada en vigor de este instrumento normativo convertía así en obligatoria la asistencia de los agentes a los nuevos turnos, marcados como ha sido señalado por las ausencias.

Los sindicatos, empero, han resuelto recurrir por lo Contencioso Administrativo el decreto de Alcaldía de activación del Plan de Emergencia, al atisbar una posible vulneración de derechos fundamentales, por la supuesta imposición unilateral de condiciones de trabajo mediante dicho instrumento normativo, eludiendo aposta los cauces legales de negociación colectiva. Según los mismos, todo deriva de que el alcalde «es un mal gestor y en seis meses ha gastado 17 millones de euros sin prever la Navidad».

Ello, después de no haber acuerdo en torno a la última propuesta del Gobierno local, con 5,6 millones de euros para el pago de las horas extra de los agentes estas navidades, con el aviso del alcalde de que la Intervención municipal impide destinar más fondos a este concepto, después de que en mayo quedase agotada la partida presupuestaria convencional de 17 millones dedicada a este concepto, en un contexto de auge de los eventos públicos que acoge la ciudad mientras con sus necesarios despliegues en materia de seguridad.