La herencia envenenada de Óscar Puente con la SE-40: aplaza el 95% de la inversión a la siguiente legislatura

Para 2027 se tienen que consignar 20 millones de esta obra, que sólo los tendría que afrontar el actual Gobierno si hubiese PGE antes de los comicios, si llegaran a celebrarse ese año. Y luego hay otras dos anualidades, 2028 y 2029, de 35,2 y 40 millones de euros respectivamente. Es decir, los pagos van in crescendo conforme avance la obra, que deberá acabar en ese último año.

Algo similar ocurre con el tramo Valencina-Salteras cuyas obras acaban de empezar esta semana con las cautelas arqueológicas. De los 130,7 millones presupuestados, sólo 35,3 tendrán que abonarse en 2025 (10,3) y 2026 (25). Es decir, apenas una cuarta parte de un tramo que lleva retrasándose seis años, todos ellos enmarcados en el mandato de Pedro Sánchez.

Más allá de estos dos tramos de la SE-40 que completarían el arco noroeste de la carretera, aún quedaran pendientes otros tres del arco noreste, que están desactualizados. Estos son Salteras-La Algaba y el acceso norte de La Rinconada-La Rinconada, compuesto por dos subtramos: el acceso norte-enlace y el enlace-La Rinconada. Los tres superarán ampliamente los 100 millones de euros de su ejecución, aunque no hay datos concretos porque aún no se han actualizado sus proyectos.

Y hay que sumarle el tramo más importante de todos, que es el que conectará Coria del Río con Dos Hermanas, con la construcción de un nuevo puente para salvar el Guadalquivir, y cuyo coste total se cifra en torno a los 688 millones de euros, a la espera de que esté redactado el proyecto, cuyo plazo se ha alargado hasta inicios de 2027, por lo que hasta entonces no podrá adjudicarse ni comenzar el grueso de las obras.

En los siete años que lleva Sánchez en la Moncloa no se ha avanzado ninguna obra hasta el año pasado, cuando además de la reactivación de los dos tramos citados entre Salteras-Valencina-Espartinas se le dio curso a la redacción del proyecto del puente que cruzará el río en el sector Coria-Dos Hermanas, que es la verdadera clave de esta segunda circunvalación. Éste, para más inri, se le ha encargado a un medio propio, Ineco, que ni tiene capacidad técnica para acometerlo al completo ni tiene garantías de que vaya a poderlo llevar a cabo, ya que distintas asociaciones de ingenieros han llevado a los tribunales el dedazo al considerarlo ilegal, lo cual si se demostrase supondría una nueva parálisis.

Es decir, que la herencia que el ministro Óscar Puente dejará más allá de que expire esta legislatura es un caramelo envenenado para el que venga después porque no habrá afrontado la mayor parte del pago de ninguno de los tramos. Es más, si se tiene en cuenta la inversión de 1.000 millones que anunció su antecesora, la ministra Raquel Sánchez en 2022, para cerrar los 77 kilómetros de la SE-40 antes de 2030 (un plazo ya de por sí inviable por todos los retrasos acumulados y una cuantía desactualizada porque los precios se han encarecido), se puede determinar que, en el mejor de los casos, el actual Gobierno de Pedro Sánchez habrá asumido económicamente sólo el 6% de la ejecución de los trabajos. El 94% restante (940 millones de euros) tendrá que financiarlos el siguiente Ejecutivo.

Por otro lado, están comprometidos también los pagos de la mitad del presupuesto de la Línea 3 Norte del metro de Sevilla, que son 650,6 millones de euros, a abonar antes de 2030, que es cuando debe ponerse en marcha la nueva infraestructura que ya está en construcción. En la reprogramación de pagos acordada con la Junta de Andalucía, el actual Ejecutivo central sólo tiene que asumir los 8,9 millones que se transfirieron en 2024 a año vencido. A final de este año se abonarán 45 millones y, en 2026, 106,8. Al siguiente Gobierno le corresponderá pagar en 2027 (178 millones), 2028 (159), 2029 (141) y 2030 (15,7). Es decir, en esta legislatura sólo se ha tenido que abonar una cuarta parte del total. El resto será para el siguiente: 489 millones.

Y a ello, se le suma también el coste de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, cuyo estudio lleva retrasando el Ministerio (debía haberse presentado en marzo), y cuyas obras tampoco empezará Óscar Puente.

Los cálculos invitan a certificar que el Gobierno que entrase a partir de 2027, si no hubiera elecciones anticipadas, tendría que asumir más de 1.500 millones de euros. Una cifra muy superior a la invertida en infraestructuras durante los ocho años de Gobierno de Sánchez: 349 millones (60 en ejecutar la SE-40, 160,7 en el metro y 128,74 en la ampliación interminable, y por la que se cobraron mordidas, del puente del Centenario).