El caso del galeón San José: el que calla, otorga

Este galeón se ha convertido en uno de los más conocidos y codiciados naufragios en el Caribe. El Estado colombiano, o más bien, los políticos de turno han intentado saquearlo desde finales de 1970. Quien ha llegado más lejos, ha sido el expresidente Juan Manuel Santos, diseñando una ley que permitiera la operación legal de empresas de cazatesoros en el país. Por ello, de la mano de su ministra de Cultura, sancionó la Ley 1675 de 2013 que parecía proteger el patrimonio cultural sumergido de Colombia, pero en realidad lo desprotegió, permitiendo su eventual comercialización. Dos años después autorizó la operación de la empresa de cazatesoros recién creada Maritime Archaeology Consultants (MAC) para la búsqueda de este mítico pecio, considerado como el 'santo grial' de la arqueología subacuática. Dice haberse dejado seducir por un viejo saqueador cubanoamericano, Roger Dooley, quien ha hecho fortuna expoliando naufragios en el mundo, respaldado por empresas de cazatesoros como Visa Gold y Iota Partners.

Se trata de un complejo entramado internacional, desvelado hace años por el diario ABC, en donde poderosos inversionistas, le apuestan al capricho de buscar tesoros y evadir impuestos a través de una estructura financiera operada por la empresa Ocean Infinity. Son inversionistas que pagan fortunas por una moneda o un tazón chino, y no por la voluminosa carga de un pecio colonial. Por ello esta empresa se caracteriza por ubicar naufragios, saquear algunos de sus objetos y reubicarlos en lugares estratégicos en el fondo del mar, para luego comercializarlos en círculos privados del más alto nivel. No es coincidencia, que el San José haya sido posiblemente intervenido durante la temporada de 2016 por parte de MAC. Son tan poderosos, que han conseguido que los funcionarios de los gobiernos de Duque y Petro insistan en que el galeón no ha sido intervenido, sin documentación técnica alguna que los respalde.

Desde su hallazgo, en el año 2015, España ha asumido una posición timorata. Nunca ha hecho una reclamación formal, argumentando el principio de inmunidad soberana. Tan sólo ha hecho referencia a que se trata de un contexto arqueológico y, sobre todo, la tumba de 600 personas, por lo que ha pedido el mayor respeto por el pecio. Sin embargo, no se han pronunciado enérgicamente sobre la participación de una empresa de cazatesoros, sobre el interés por comercializar su carga, o sobre los métodos y técnicas que se van a implementar para su saqueo. Durante el gobierno Duque se intentó adelantar un acuerdo de entendimiento entre ambos países que, como pasó con México, no fue más que un papel inoperante que no ha conseguido concretar el desarrollo de un proyecto binacional serio.

En Colombia se ha dado una feroz batalla legal, académica y científica por la defensa del patrimonio cultural sumergido colombiano (PCS), a través de la Veeduría Nacional para la Defensa del PCS de Colombia y la Red Universitaria de PCS. La pelea se ha librado desde el año 2011, cuando se promovía la ley de sastre (o desastre), porque fue hecha a la medida del galeón San José, pasando por los intentos de Santos, con su asociación público privada, Duque, con delegarle el tema a los militares que se creen arqueólogos, por haber tomado un cursillo de un año avalado por la Unesco o Petro, que le ha dado las riendas del tema al 'dream team' de Santos, en cabeza de Ernesto Montenegro, exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el almirante Herman León, quien fue el enlace de la Armada colombiana y la empresa de cazatesoros, y otros tantos que prefieren estar siempre en las sombras. A los que nos oponemos se nos ha llamado «ciudadanos preocupados», «arqueotalibanes» y «voces críticas». Por supuesto han intentado ir más allá, como lo hizo la exministra Garcés, quien trató antes de dejar su cargo de «cortarle la cabeza» a uno de sus más abiertos contradictores. Por fortuna la rectitud del exrector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, obstaculizó su execrable objetivo.

A esta defensa, que tiene objetivos científicos y patrimoniales, no se ha podido sumar la voz de los colegas españoles, salvo muy contadas excepciones. Se trata de un gremio que en círculos académicos cerrados se solidariza con la causa, pero se niega a respaldar en público comunicados y tampoco se atreve a cuestionar a Colombia, o a España, por su actitud pasiva, más bien permisiva. Aunque conocen bien la situación, y saben de las numerosas irregularidades en torno a este «proyecto de Estado», prefieren hacerse los de la vista gorda, asumir una posición «respetuosa» cuando lo que aquí se discute son temas técnicos, científicos y éticos que comparte una disciplina como la arqueología, cuyo código deontológico supera las fronteras de nuestros países. Una actitud que, claramente, más que respetuosa parece cómplice.

Las autoridades españolas no se quedan atrás. Sus acercamientos han sido tímidos y poco o nada propositivos. Obnubilados por el Nobel de Paz, prefirieron no asumir una defensa del patrimonio arqueológico e histórico común, de dos naciones que comparten más de tres siglos de historia. Durante el gobierno Duque, España buscó un acercamiento, recomendando a Colombia un contratista español, para que asesorara al Gobierno colombiano, desconociendo los reconocidos especialistas de universidades españolas. Pareciese que las autoridades ibéricas desconfiaran de sus propios académicos.

La pelea desde España ha sido solitaria. El diario ABC ha venido denunciando las irregularidades en torno al trámite de la nefasta ley 1675, el oscuro entramado económico detrás de MAC y la dudosa experiencia de los que, en el 2016, hacían parte del equipo de cazatesoros, y que ahora retoman su papel en el «proyecto de Estado» del gobierno Petro, con argumentos sólidos y pruebas contundentes. A diferencia, por ejemplo, de 'El País', que le ha dado más protagonismo a los cazatesoros, quizás siguiendo instrucciones del alto ejecutivo de Prisa, Fernando Carrillo, antiguo procurador general, amigo cercano y asesor jurídico de Santos.

Lastimosamente el proyecto Santos sigue vigente. Petro se ha encargado de reciclarlo, quizás pensando que con ello aporta al cambio climático. España, que se ha caracterizado por ser un ejemplo en el manejo de patrimonio histórico y cultural, ha sido dubitativa y pusilánime, quizás temiendo ser llamada neocolonialista. Sin embargo, tanto las autoridades como los académicos españoles no han asumido una posición firme en este tema y dejan dudas sobre su compromiso con la investigación y conservación de un patrimonio cultural subacuático compartido, que debe ser tratado con respeto, y abordado desde una perspectiva científica, reforzando los tradicionales lazos de cooperación entre Colombia y España. Como dicen en mi tierra, el que calla otorga.