La vivienda tiene solución

Pero lo cierto es que para solucionar el problema de la vivienda es necesario actuar desde distintos ámbitos que, a su vez, afectan a competencias tanto autonómicas como exclusivas del Estado. Y hay que señalar que ambos partidos –y no sólo estos– parecen convenir en sustituir la iniciativa privada por una gran apuesta de vivienda pública en alquiler. Pareciera como si las administraciones quisieran extender su influencia también en ese reducto privado que es la vivienda, no sólo para el comprensible caso de los menesterosos, sino para amplias capas de la población.

Por supuesto que la vivienda pública es necesaria, y de hecho hay en marcha programas de colaboración público-privada que están funcionando bien, pero no es realista ni deseable pensar que aquí está la solución.

Toda la literatura económica reconoce que la propiedad es el mecanismo que mejor integra a las familias en la sociedad. Es el mejor medio para sustentar el vínculo familiar y tener hijos, para generar arraigo, para integrarse en la vida de barrio (véase, a sensu contrario, las 'banlieues' francesas) y para, en definitiva, proporcionar un cierto grado de libertad e independencia y una hucha para los malos tiempos. En España no hay un gran parque público en alquiler porque desde los años sesenta hemos optado por proveer a la población de vivienda en propiedad; primero promovidas por el Estado, y desde 1975 mayoritariamente por el sector privado. Y qué duda cabe que gracias a ello en España ha habido una gran clase media sólida, que ha superado momentos sociales y económicos muy difíciles. Pero lo cierto es que ahora nuestros jóvenes no pueden hacerlo. La tasa de propiedad entre menores de 35 años ha caído del 70 por ciento al 30 en los últimos quince años. ¿Qué ha pasado? Tras la crisis de 2008 se produjo una sobrerreacción –la ley del péndulo– que se concretó en una serie de regulaciones que parecían pretender hacer pagar a la banca los excesos cometidos. Pero lo cierto es que ahora son nuestros jóvenes los que están pagando la factura, con inaccesibilidad a la propiedad. Veámoslo.

En 2013 se aprobó para dos años una ley que suspendía los lanzamientos de los deudores hipotecarios. Esto es, un banco ya no tendría garantía real tras su préstamo. ¡Una ley aún en vigor con el apoyo unánime del Congreso! ¿Cuántas familias han quedado absolutamente fuera del mercado hipotecario con esta ley? Del mismo modo, en 2019, con motivo de la trasposición de la Directiva 2014/17, por un exceso de buenismo mal entendido, el Congreso aprobó la ley 5/2019 sobreprotegiendo al hipotecado –por ejemplo, extendiendo hasta quince las cuotas mensuales impagadas para proceder al vencimiento anticipado del préstamo–. Así, una parte del sector financiero dejó de financiar cooperativas o exigió condiciones más duras que han expulsado a las familias más humildes. Así es fácil entender que la demanda de alquiler haya explotado, y que el parque sea incapaz de satisfacerla, a pesar de que hay 1,2 millones más de viviendas en alquiler (un 56% más) que hace quince años. Además, el Reglamento (UE) 575/2013 ha definido los préstamos a empresas promotoras como «financiación especulativa de la propiedad inmobiliaria», y el consumo de capital para la banca de estos préstamos es del 150%. Así es imposible que florezca de nuevo el sector inmobiliario.

Echemos un ojo ahora al alquiler. La reforma del Código Penal de 2015 convirtió la 'okupación' en uno de los delitos más baratos de nuestro ordenamiento. A ello se ha sumado la prórroga interminable del Real Decreto Ley 11/2020 que, pensado para la pandemia, finalmente ha servido para que morosos profesionales dejen de pagar las rentas sin consecuencias, la llamada 'inquiokupación', fenómeno que ha sido reforzado por la última ley de la factoría Podemos: la ley estatal de vivienda.

En conclusión, que además de expulsar a las familias con menos recursos del acceso a la propiedad, los sucesivos gobiernos han puesto palos en las ruedas en el mercado de alquiler. Si a todo eso sumamos la llegada masiva de inmigración, resulta que sólo en el periodo que va entre 2022 y 2025 el Banco de España ha estimado un déficit de 600.000 viviendas. La tormenta perfecta. Y, por cierto, el chivo expiatorio del Gobierno, la vivienda turística, apenas representa un 1,8 por ciento del total del parque.

De todas las medidas anunciadas por el PSOE, quizá la única razonable sea la exención fiscal del cien por cien en el IRPF para los que alquilen por debajo de la renta de referencia. Del resto, merecen mención especial por su inconveniencia el ataque a las socimi de vivienda libre, y la práctica prohibición de compra para los no residentes. Un auténtico disparate impropio de una democracia occidental. Mientras tanto, el PP, hace lo correcto cuando propone derogar la ley de Vivienda, aprobar una nueva ley del suelo, y una ley antiokupas que, bajo otros formatos, ya ha sido tramitada en el Congreso tanto por el PP como por Vox varias veces desde 2019, siempre condenadas al fracaso por la mal llamada mayoría de «progreso».

En definitiva, está en nuestras manos deshacer el enredo de la vivienda, y para ello no es necesario ni coartar la libertad, ni intervenir la propiedad, ni limitar los precios, ni acometer planes faraónicos de vivienda pública, ni despilfarrar fondos europeos. Lo único que se necesita es, sencillamente, una buena regulación. Una regulación que facilite hipotecas a los jóvenes y préstamos a los promotores; una regulación que proteja el derecho de propiedad frente a la ocupación ilegal; una regulación que ofrezca seguridad jurídica y celeridad en la tramitación urbanística. La receta es sencilla, pero ¿hay voluntad?