«¡ETA, asesina!»

Borja Giménez Larraz es hijo de Manuel Giménez Abad, 'culpable' de presidir el PP de Aragón y de pasear por una calle de Zaragoza junto a su hijo, un 6 de mayo de 2001, camino de La Romareda. El atentado que acabó con su vida es uno de los 279 que siguen pendientes de resolución, cuando ya no queda un solo etarra en prisión fuera del País Vasco o Navarra y treinta y dos, nada menos que treinta y dos terroristas convictos, han sido liberados por la puerta trasera, sin terminar de cumplir sus penas, merced a los pactos de la ignominia vigentes entre el PSOE y Bildu, formación que representa los intereses de la banda y jamás ha renegado de sus crímenes. Ninguno de esos delincuentes ha hecho mérito alguno para ganarse ese trato de favor. Ninguno ha colaborado con la justicia a fin de esclarecer uno solo de los casos abiertos cuyas víctimas desesperan a la espera de respuestas.

Ninguno ha mostrado un atisbo de arrepentimiento. Todos y cada uno de ellos han resultado agraciados por la vileza de un presidente dispuesto a negociar decencia a cambio de poder. Lo proclamó Arnaldo Otegi en octubre de 2021: «Si para sacar de la cárcel a nuestros 200 presos tenemos que aprobar los presupuestos, los aprobaremos». Y así fue. Sánchez sacó adelante sus cuentas y el bilduetarra a sus asesinos. «Cinco a la semana», a decir de Joseba Eguibar, portavoz del PNV en la Cámara de Vitoria, en referencia a los traslados anunciados cada viernes por el ministro Marlaska, ejecutor material del siniestro cambalache.

Borja Giménez Larraz declaró esta semana en la Audiencia Nacional con una entereza y un valor que llenarían de orgullo a su padre. Seis personas más reconocieron en Carrera Sarobe al sicario sentado en el banquillo, cuyo abogado niega los hechos y exige conocer la identidad de esos testigos protegidos, con el propósito de intimidarlos. El matonismo y la cobardía están en su naturaleza, igual que en la del presidente que se ha puesto de su lado.