Editorial

Implosión en el fútbol

Más allá del proceso penal, el deporte no puede convertirse en un limbo disciplinario ni en un oasis ajeno a la Justicia. La acusación de cohecho al Barça exige sanciones deportivas

28/09/2023
Actualizado 29/09/2023 a las 01:13h.

El juez Joaquín Aguirre, que investiga los pagos que durante dieciocho años hizo el F.C. Barcelona a quien fuera vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, dio ayer un salto de calidad en su instrucción acusando al club deportivo directamente de cohecho por haber pagado ... hasta siete millones de euros durante ese tiempo para «influir» en arbitrajes favorables. Según la inicial conclusión del juez, redactada en un auto demoledor para el F.C. Barcelona que amenaza con hacer implosionar el fútbol español, la entidad logró los «efectos arbitrales deseados», con lo que ello conlleva de sospecha de que se pudo adulterar la competición durante casi dos décadas. Esta resolución del juez marca un antes y un después en nuestro deporte, más aún tratándose de un club histórico, tan relevante y tan galardonado como el Barça, que si de algo presume siempre es de ser «más que un club» por sus valores.

Sin embargo, conviene separar dos planos que, siendo complementarios, son muy diferentes. El penal por un lado, y el vinculado directamente a la disciplina deportiva. Desde esta segunda perspectiva, sería un error que el merecimiento evidente de sanciones deportivas similares a las sufridas en Italia por la Juventus, o en Francia por el Olympique de Marsella, quedase supeditado en España a un proceso penal que tardará años en sustanciarse. No debe haber ni un mínimo resquicio a cualquier percepción de impunidad porque no es solo el F.C. Barcelona el implicado, sino que es la reputación de toda la Liga la que queda en evidencia ante todo el mundo. Hoy nuestra competición está bajo sospecha y resulta escandaloso. La Justicia deportiva, como la ordinaria, para serlo, y serlo además con eficacia, ha de actuar con responsabilidad, contundencia y tolerancia cero. Si un magistrado ha hallado numerosos indicios de que la competición pudo estar manipulada por diversas formas de influencia arbitral, más allá de esperar a cualquier condena penal que pueda producirse en el futuro, la lógica impone medidas de sanción disciplinaria y deportiva proporcionales al daño causado. Antecedentes hay en Europa, como despojar a un club de títulos o rebajarlo de competición a una división inferior. El mundo del fútbol no puede ser un oasis y mantenerse ajeno a los códigos de justicia naturales; ni decidir unos castigos u otros, o ninguno, en función del nombre de un club, de su historia, de lo que significa socialmente, o de los perjuicios económicos que implicarían para el negocio. Ni siquiera las implicaciones políticas –y el caso del Barça es paradigmático como icono del independentismo catalán– han de ser argumento para interferir en un criterio sólido de equidad. O peor aún, para anularlo.

Una imputación por cohecho es grave. Significa que el Barça, presuntamente, pagaba a Negreira para lograr fines ilegales. No se pueden repetir dieciocho años de ligas, copas y torneos, ni se puede corregir el pasado. Pero la idea de que ya no se trata de un delito de corrupción entre particulares, sino de un cohecho cometido por un alto responsable arbitral considerado un funcionario público, contagia de desprestigio a todo nuestro fútbol. Y los registros ordenados en la federación, más aún. El fútbol no puede seguir encubriendo sus vergüenzas, sus abusos o sus delitos bajo una especie de sordina social porque haya que seguir jugando partidos cada semana. Lo que está ocurriendo supone un cuestionamiento inédito de nuestro sistema arbitral, deja a muchos equipos inocentes como víctimas, y destroza la ejemplaridad porque, lejos de ser solo un negocio lucrativo para muchos, es un fenómeno social de amplísima repercusión que preconiza la limpieza inherente al deporte. El daño es enorme.