Puigdemont, bien de Estado

La cuestión es chusca, marginal si se quiere, pero significativa de una mentalidad imbuida de delirio de poder, ebria de hegemonía. Una profunda convicción de que ninguna barrera normativa está por encima de las decisiones políticas. Ésa es la base del pensamiento y la técnica populista, que conforman un estilo de gobernar, no una ideología. El principio de legalidad ha sido abolido, derogado en virtud de la teoría de la interpretación jurídica alternativa y suplantado por una concepción ventajista del juego de mayorías y minorías. Tengo un voto más que tú y mando sin otro límite que mi capricho arbitrario. No me vengas con zarandajas sobre separación de poderes o mecanismos de contrapeso democrático. Aquí no hay más voluntad que la mía, la del amo y señor del Estado, y el Parlamento, los tribunales y todas las instituciones de cualquier clase o ámbito son simples extensiones de mi liderazgo sometidas a mi caudillaje soberano. Y en todo caso, al de los aliados a quienes debo el cargo.

Esta pulsión bonapartista, o neroniana, ha generado en España un intenso y rápido deterioro de la convivencia. Sánchez ha convertido la escena pública y hasta la privada en un campo de trincheras que vuelve a separar a los ciudadanos en función de sus tendencias, sentimientos o ideas. La amnistía es sólo la expresión de un designio de ruptura civil que no respeta ni sus propias promesas y que desordena el pacto de mutua tolerancia establecido hace cuatro décadas. El asunto de la escolta de Puigdemont puede considerarse una anécdota, una excentricidad grotesca, pero representa el símbolo de una inversión de valores, de una degeneración del sistema. De una nación descompuesta.