Oprobio jurídico

Y es justo ese hecho esencial el que brilla por su ausencia en la prolija exposición de motivos, pesada chatarra discursiva llena de tópicos sobre la restauración de la convivencia y la pacificación de conflictos. Toda esa calderilla retórica puede resumirse en el sencillo principio de que los delitos –incluido el de terrorismo– pueden dejar de serlo si se cometen invocando algún pretendido propósito político, con la condición de que sus responsables sean amigos o hayan decidido convertirse en socios del poder ejecutivo. Y por supuesto, de que dispongan de los votos suficientes para utilizarlos como moneda de cambio en el mercado negro de los favores parlamentarios. La omisión de este dato revela la naturaleza fraudulenta del farragoso prefacio y, en consecuencia, la tara dolosa que pesa sobre todo el articulado, verdadero oprobio para la dignidad de un cuerpo legislativo presuntamente democrático.

En esta parte dispositiva no hay sorpresas, porque no puede serlo ya la voluntad sanchista de arrasar la igualdad de los ciudadanos ante la ley para instituir excepciones a su conveniencia. Se trata de conceder impunidad a todos los participantes por acción, omisión o colaboración en las revueltas, referendos ilegales, malversaciones y corruptelas del independentismo catalán en la última década. Con mucho cuidado y exquisita fineza en el ajuste de la tipificación para que ningún delincuente quede fuera, y amarrando bien las cautelas ante eventuales revocaciones de la justicia europea. Todo a la medida de Puigdemont, el nuevo legislador en jefe de la España moderna, y de su recua de cómplices en todas las esferas. Todo al servicio de la necesidad de Sánchez de sostenerse como sea. Todo en nombre de la autoconcedida supremacía moral de la izquierda. Todo bajo el manto del pacto de la vergüenza.