Lo que queda de Marlaska

De un ministro del Interior se espera siempre una actuación apartidista, leal con la defensa del orden público y la seguridad ciudadana, comprometida con la legalidad democrática y el respeto a los derechos y las libertades públicas. No lo que está haciendo Grande-Marlaska. Su relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es –junto al trato a las víctimas de ETA– el ámbito más resentido por el partidismo y la ineficacia de la gestión de Interior. Por un lado, no hay mes, desde hace años, en que los sindicatos policiales no expresen quejas y reclamaciones por la falta de medios adecuados de trabajo, por el desamparo frente a condiciones laborales inaceptables –como irse de un hotel porque nadie pagaba las habitaciones de los agentes– o por desacuerdos salariales. Es evidente que no por ser policía o guardia civil el Gobierno tenga que sentirse obligado a ceder siempre en sus demandas. Pero lo de Grande-Marlaska es otra cosa: una gestión basada en el conflicto continuo con los cuerpos policiales, en la que confluyen su falta de autoridad, la nula confianza que inspira y su irrelevancia política en el contexto de un Gobierno que defiende políticas y discursos contradictorios con el papel de la policía en una sociedad democrática. En una secuencia lógica y razonable de los acontecimientos, Grande-Marlaska tendría que haber dimitido en cuanto escuchó al presidente del Gobierno reiterar sus alabanzas a los que lesionaron a una veintena de policías en Madrid.

Por otro lado, la principal preocupación de Grande-Marlaska con la Policía y la Guardia Civil ha consistido en ver cómo las ataba en corto para ajustarlas a los intereses partidistas del Gobierno. El mantra de esa «policía patriótica» que achaca al Partido Popular –sometida a investigación judicial– ha sido el burladero de sus intromisiones en investigaciones judiciales abiertas, como la que costó el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos. O de decisiones complacientes con la estrategia del Gobierno de liderar las protestas contra Israel, aun a sabiendas de que serían organizadas, planificadas y violentas. No es así como debe de ser el máximo responsable de una Policía encargada constitucionalmente de velar por el interés general, desde una posición de neutralidad y respeto a la ley. Entre aquel juez Grande-Marlaska que investigó cuanto pudo el chivatazo del bar Faisán y que fue promovido al Consejo General del Poder Judicial por el PP y este ministro Grande-Marlaska media la historia completa de un deterioro político y ético incomprensible.