Linchamientos y propaganda

Respecto del Gobierno y, por ende, del PSOE, la advertencia provino del entonces líder socialista madrileño, Juan Lobato, a quien un cargo desmemoriado de La Moncloa –Pilar Sánchez Acera– animó a utilizar contra Ayuso el famoso correo electrónico del abogado de González Amador. Según Lobato, «Moncloa quería el máximo ruido» con ese documento. No son Lastra ni Lobato peligrosos activistas de extrema derecha, sino personas ubicadas en los hechos precisamente por su relación jerárquica con el acusado o por su militancia socialista.

Ambos, Lastra y Lobato, encarnan, junto a otros (el juez Peinado, Díaz Ayuso a través de su pareja y de su hermano), la nómina de víctimas de la política de linchamientos que el Gobierno, el PSOE y sus medios afines –tan afines que se han desdibujado en sus compromisos profesionales–, han practicado con quienes resultan molestos al presidente del Gobierno. Curiosa incongruencia la que delata a los socialistas con respecto a Almudena Lastra, fiscal progresista que informó a favor de la querella de Pedro Sánchez contra Peinado. Y en esta política de linchamientos brillan con luz propia periodistas de medios públicos alineados de manera lamentable con la táctica de propaganda de La Moncloa, hasta el extremo de desbordar en entusiasmo inquisitorial a los propios portavoces socialistas.

No es tampoco una imagen constructiva la que ayer por la tarde se vio en la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el desfile de profesionales del periodismo, algunos movilizados para la defensa de un alto cargo de confianza del Gobierno. Ésta ya se dio en la fase de instrucción y en ella se comprobó que estos profesionales nunca podrán aportar al tribunal la información que verdaderamente podría ayudar al acusado a alcanzar su absolución que sería la de revelar que una fuente distinta al fiscal general les facilitó el correo del abogado de González Amador.

La imputación de García Ortiz se sustentó en indicios que hacían que su autoría fuera la única opción verosímil para la filtración del correo electrónico. Que no haya una prueba directa de la intervención de García Ortiz no significa que no puedan existir indicios que lleven a la condena. Y con negar las pruebas de la acusación no basta. Los testimonios de los fiscales Salto y Lastra, la cadena cronológica de la recepción del correo por García Ortiz y su difusión inmediatamente posterior por medios afines y el borrado de correos y mensajes, con cambios sucesivos de teléfonos móviles, por el fiscal general, siguen pesando como una losa, después de tres días de juicio oral.