La Fiscalía se vuelca en la defensa de García Ortiz y hace equipo con la Abogacía del Estado

Para Sánchez Conde, la entrada y registro ordenada por el magistrado instructor Ángel Hurtado en el despacho profesional de García Ortiz, en la sede de la Fiscalía General del Estado, el 30 de octubre, no sólo atentó contra él, sino contra toda la carrera fiscal: «Se vulneraron todos los derechos de la Fiscalía a su labor profesional», ha afirmado.

La representante de la Fiscalía ha llegado a comparar la decisión del juez con la que toman los instructores en causas por «crímenes terroristas». Ha considerado que, con la decisión, «no se ponderó adecuadamente la constitucionalidad, necesidad y proporcionalidad, ni la gravedad de la injerencia en despachos con información ajena a la causa».

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Igual que la abogada del Estado, además de la nulidad de la causa por vulneración de derechos fundamentales, la fiscal Sánchez Conde no ve objeto a la causa mantenida hasta enviarla a juicio por el magistrado del Tribunal Supremo. Considera que «el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid», donde arrancó la investigación que acabó en el Alto Tribunal por el aforamiento del fisacl general, vio «irrelevantes las filtraciones a prensa y centró la relevancia penal en la confección y publicación de la nota de prensa de la Fiscalía a las 10.20 de la mañana del día 14 de marzo de 2024» mientras que Hurtado ha centrado la causa en la posible filtración del mail con datos de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por parte de García Ortiz a la cadena Ser. Para la representante de la Fiscalía, el magistrado no ha encontrado más indicios de estos hechos que lo expuesto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe posterior al registro del despacho de García Ortiz.

Anteriormente, la Abogacía del Estado, en defensa del fiscal general, había criticado también la instrucción del juez Hurtado y pedido la nulidad de los registros y de todo lo derivado de ellos ante la vulneración de derechos fundamentales del acusado. La ex abogada general que estuvo al frente en los años del 'procés', Consuelo Castro, ha hablado de «sesgo inquisitivo y prospectivo», insuficiencia de indicios, violación de la igualdad de armas en el proceso y de la difusión de datos personales del acusado a lo largo de la instrucción.

Así, la defensa ha señalado que en el auto de entrada y registro en el despacho profesional de García Ortiz y de su subordinada, la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez, ni se acotó lo que había que intervenir ni se ponderaron derechos ni fines de la medida. También ha criticado la duración del secreto cuando realmente en un solo día se llevó a cabo la incautación de pruebas y no era necesario mantenerlo, ha considerado.

Ese secreto y la imposibilidad de conocer los fundamentos del auto obligó a la defensa a recurrir «a ciegas», impidiéndole oponerse a una incautación considerada »excesiva e injusta«, se ha quejado.

A juicio de la defensa, el clonado de las dos tarjetas SIM (Movistar y Vodafone), un disco de sobremesa, el ordenador en uso y las dos cuentas profesionales del fiscal general fue una incautación, inidónea, innecesaria y desproporcionada. Ha aludido la abogada del Estado a la vulneración del derecho a la intimidad personal, familiar y del secreto de las comunicaciones del fiscal general y ha pedido también la nulidad de las comisiones rogatorias cursadas a Irlanda y Estados Unidos en busca de los mensajes borrados por el fiscal general .