Gobernar contra la mujer

Ahora la desprotección de la mujer ha subido un peldaño con el fiasco perpetrado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con las nuevas pulseras de control a distancia de maltratadores. El cambio del sistema ha provocado que se desconozcan datos anteriores a marzo de 2004 sobre incumplimiento de órdenes de alejamiento, que no funcione la transmisión de señal para localizar al agresor y proteger a la víctima y, además, que las pulseras sean fácilmente desmontables. No se trata de un invento de la 'fachosfera'. La ministra Redondo fue avisada por el Consejo General del Poder Judicial de la poca fiabilidad del nuevo sistema y hasta la Fiscalía General, en su memoria de 2024, afirma la existencia de «múltiples fallos» en los nuevos dispositivos. Durante ocho meses desatendió Igualdad las alertas sobre las consecuencias de un defecto cuyas consecuencias agravó por omisión. Los fiscales advierten de que esta situación va a dar lugar a archivos de denuncias por maltrato y a sentencias absolutorias por falta de prueba de la infracción del alejamiento.

Al peligro para la mujer que vuelve a generar el Gobierno de Pedro Sánchez se une la desfachatez de sus reacciones políticas. Para Yolanda Díaz, tan exigente por los pélets en las playas gallegas, el tema –«Todo puede fallar. Ya está arreglado»– está zanjado; y para tranquilidad de la ministra de Igualdad, solo el 1 por ciento de los dispositivos tuvo errores. Quizás a la ministra Redondo ese 1 por ciento le parezca irrelevante, pero dado que es un porcentaje de maltratadores y mujeres amenazadas, la cifra es más que suficiente para que presente su dimisión. No tienen disculpa su fracaso ni sus explicaciones. El primero, porque fue avisada de que los nuevos dispositivos no eran seguros frente a los que se venían utilizando. No puede alegar ignorancia. Las segundas, porque demuestran el doble lenguaje de la izquierda gobernante hacia la mujer, manipulada como elemento de propaganda contra la derecha, pero olvidada cuando es víctima de las políticas del propio Ejecutivo. Tampoco hay motivo para sorprenderse. El concepto de responsabilidad política no existe en el Gobierno de Pedro Sánchez. Se estrenó con mucha pulcritud, allá por 2018, cesando a un ministro por discutir legítimamente con Hacienda y a una ministra por plagiar su tesis. Por beneficiar a violadores y desamparar a maltratadas ni una dimisión.