¿Dónde estuvo el Estado?

La encuesta elaborada por GAD3 para ABC y 'Las Provincias' ofrece una respuesta demoledora. El 89 por ciento de los habitantes de la Comunidad creen que el presidente de la Generalitat valenciana debió pedir la declaración de emergencia nacional. Pero conviene subrayar que dicha solicitud no era necesaria. El Gobierno de España podía haber actuado por iniciativa propia, y no lo hizo. La pasividad del Ejecutivo central fue, por tanto, una decisión política, no un accidente procedimental. Por eso, un 66 por ciento de los encuestados consideran que el Gobierno de Sánchez no respondió adecuadamente a la situación. Estos dos datos, lejos de contradecirse, se complementan: revelan una sensación de abandono institucional generalizada. Fallaron todos, y la desprotección no se explica por una única administración, sino por la suma de negligencias concatenadas.

Lo singular de esta percepción es su transversalidad. Aunque entre las mujeres el reproche al Gobierno autonómico es mayor que al central mientras que entre los hombres la crítica es pareja, se trata de una cuestión de grado porque la opinión negativa es muy mayoritaria. Entre los mayores de 65 años, los menos críticos con el Gobierno de Sánchez, uno de cada tres valoran positivamente su actuación. En todos los tramos sociales y vitales aflora la misma conclusión: el Estado no estuvo.

Ya en noviembre de 2024, este diario advirtió que la emergencia nacional no había concluido. Y, en cierto modo, sigue hasta hoy. No solo porque todavía aparecen cadáveres o porque hay municipios donde la reconstrucción no ha terminado, sino porque la confianza ciudadana en las instituciones quedó sepultada bajo el barro. La confusión, la tardanza, la pasividad y la falta de coordinación no se vivieron como errores puntuales, sino como síntomas de una carencia estructural.

El símbolo de ese abandono colectivo quedó fijado en los incidentes de Paiporta, donde vecinos desesperados increparon a los Reyes y al presidente del Gobierno –que abandonó el lugar precipitadamente– con un grito que se convirtió en consigna: «Sólo el pueblo salva al pueblo». Esa frase, tan conmovedora como corrosiva, expresa la desafección hacia un sistema que entonces pareció haberse olvidado de a quién debe servir. Fue necesario el empeño personal del Rey para que las instituciones reaccionaran y los recursos empezaran a llegar con fluidez.

Tampoco la reconstrucción posterior ha logrado restañar del todo esa herida. Un 64 por ciento de los encuestados la consideran «poco» o «nada» adecuada. Entre los jóvenes –protagonistas de la gran movilización ciudadana espontánea que siguió a la catástrofe– predomina el escepticismo: solo un 12 por ciento creen que la gestión de la reconstrucción ha estado a la altura de lo esperado. A este juicio crítico se suma un pesimismo generalizado de cara al futuro. Solo un tercio de los valencianos creen que la Comunidad está hoy mejor preparada para afrontar una nueva dana. El Sistema de Alerta Temprana prometido por el Ministerio de Transición Ecológica sigue sin estar plenamente operativo, y aún faltan por instalar medidores de caudal esenciales para prevenir nuevas tragedias. Esta demora, transcurrido un año, solo puede calificarse de negligencia institucional.

Los datos de la encuesta no hacen más que corroborar lo que ya se palpaba entonces: la respuesta institucional fue tardía, burocrática y desarticulada. Las competencias cruzadas se convirtieron en una coartada para la inacción, y el ciudadano –con razón– dejó de distinguir entre administraciones. Para quien lo ha perdido todo, el Estado no es un organigrama: es una promesa de protección. Una promesa que, esta vez, no se cumplió.

La tragedia de 2024 deja una lección que no conviene ignorar: cuando el Estado falla, el coste no se mide solo en vidas o infraestructuras, sino en algo más frágil y más difícil de reconstruir: la legitimidad democrática. La encuesta no es un simple reflejo de opiniones, sino un diagnóstico profundo. Los valencianos no se sintieron protegidos. Si esta percepción no se corrige con hechos –no con discursos ni gestos tardíos–, la próxima emergencia no será solo meteorológica, sino también democrática.