Culpas compartidas

Llevamos semanas tocando el tambor de la amnistía, que obviamente solivianta nuestra primera Ley, pero ese ruido nos impide escuchar los susurros de los numerosos artículos que están siendo enervados en su esencia con leves martillazos de xilófono. Y a veces la acumulación de golpes menores en distintas partes del cuerpo tumba antes que el puñetazo en la cara. La lista es larga: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial atenta contra el espíritu de consenso; el actual modelo de financiación autonómica contraviene el principio de solidaridad; la eterna discrepancia sobre una ley de Educación desprecia el artículo 27; la presión sobre la Corona debilita los cimientos del sistema... Y todo eso se está produciendo por la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos, que representan al 70 por ciento de los españoles. Ambos tienen una responsabilidad alícuota en este desbarajuste.

Sin embargo, no son los únicos responsables. La sociedad también tiene parte de culpa. Los ciudadanos debemos hacer autocrítica sobre el acoso a otros derechos que son pilares de carga de nuestra Constitución, como la libertad de «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» –artículo 20–, claramente menoscabada por la llamada cultura de la cancelación. España padece hoy tribunales de honor y de excepción, hostigamientos por parte de grupos de presión y asedios en las redes sociales, que pueden llegar a suponer condenas de muerte civil. Por eso la Constitución es hoy más fuerte que nunca. Porque es la glorificación del consenso en este contexto de discordia y de asedio a la razón, es decir, porque es el dique contra nuestra decadencia.