¡Viva ‘compromise’!

En el desagradable clima actual de crispación (una palabra que, por cierto, no tiene equivalente en inglés), los políticos deberían prestar atención al significado inglés de compromise, definido por el Oxford English Dictionary como «un acuerdo al que se ha llegado con ambos lados haciendo concesiones».

Las razones por las cuales no existe un equivalente en español exceden el propósito de este artículo. Para alguien que ha pasado 38 de sus 69 años viviendo en España y ha sido testigo de su próspera evolución, es extremadamente triste ver cómo la clase política se despedaza a base de insultos delante de una mayoría de la población a la que le gustaría que el país avanzase de manera constante mediante el compromise. La última vez que hubo un verdadero compromise fue sobre cómo pasar de la dictadura a la democracia. No fue perfecto, ya que estas cosas nunca lo son, pero funcionó.

Desde entonces, el compromise nunca ha sido tan necesario como ahora. El coronavirus ha situado a España en una posición particularmente vulnerable. La economía llegó a la crisis ya debilitada. En 2019, el déficit fiscal era del 2,8% del PIB (se tardó una década, algo sin precedentes, en situarlo por debajo del 3%, el umbral de la Unión Europea actualmente descartado), lo cual suponía una posición de partida mucho peor que la de otros países de la UE; la deuda pública equivalía al 95,5% del PIB, y el paro era del 14%. La importancia de los sectores golpeados por la crisis, el turismo en particular es mayor en España que en los demás países grandes de la zona euro. Los sectores más afectados representan alrededor del 25% del PIB. En la estructura empresarial, las pymes tienen un peso comparativamente mayor que en la mayoría de los países que comparten el euro (el 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados, frente a un 75% en Alemania), lo cual las hace más vulnerables, ya que no tienen acceso a la financiación externa y sí costes más altos en relación con los ingresos. Por último, la crisis ha vuelto a poner claramente de manifiesto que, al igual que en anteriores recesiones, la destrucción de empleo está recayendo de manera desproporcionada e injusta sobre los trabajadores temporales (más de una cuarta parte del total).

Los sucesivos Gobiernos españoles han sido particularmente propensos a anular las reformas de sus predecesores, sobre todo en las áreas laboral, educativa, fiscal y de urbanismo. Por ejemplo, en los últimos 40 años, los Gobiernos han aprobado más de 50 reformas laborales de una u otra clase, aparentemente un récord mundial, y sin embargo, el paro nunca ha bajado del 7% (un nivel que en Estados Unidos o Reino Unido se considera desastroso). El mercado laboral está exhausto por tantas reformas.

El enorme fondo especial de recuperación de la Unión Europea no será la panacea, y sin reformas duraderas (es decir, acordadas mediante un compromise), se desperdiciará. Un elemento clave son los impuestos. La carga fiscal española representa un 35,4% del PIB, muy por debajo de la media de la Unión Europea, aunque los tipos impositivos marginales sobre la renta personal son similares a la media del bloque. El problema reside en los tipos impositivos efectivos para particulares y empresas debido a las exenciones, las deducciones, las bonificaciones y las lagunas, además del fraude y la evasión. Las rebajas fiscales en 2015 por el Partido Popular, cuando el déficit estructural no se había corregido, fueron demagógicas.

En España, el gasto social está orientado desproporcionadamente a la tercera edad, mientras que las ayudas familiares son las más bajas de la UE. El nuevo ingreso mínimo contribuirá en parte a mejorar esta situación, pero añadirá un coste estructural permanente y significativo al problemático presupuesto español, y requerirá un ahorro estructural similar a menos que se produzca un aumento importante de los ingresos públicos. El gasto en pensiones también se incrementará de manera significativa si las desviaciones de la reforma de 2013 se vuelven permanentes y no se adoptan medidas compensatorias adecuadas.

El sistema educativo, con una tasa de abandono escolar del 17,3% (30,3% en 2006) que sigue siendo la más alta de la Unión Europea, es otra pelota política que los Gobiernos se pasan unos a otros continuamente para desesperación de los padres, y necesita un pacto duradero.

Qué constructivo sería que la palabra compromise entrase en el vocabulario político español.

William Chislett es investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano.