No más justicia justiciera

La Fiscalía Anticorrupción no ve ahora delito en las decisiones tomadas por Francisco Camps, en su etapa de presidente del Gobierno valenciano, para instalar en Valencia un circuito de fórmula 1. Hace pocos días, la juez que investiga el caso a instancia del Ministerio Fiscal, imputó a Camps y otros investigados varios delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación. La sombra de las imputaciones del Fiscal ha perseguido a Camps durante años y es ahora la misma Fiscalía la que descubre que ni hubo perjuicio a las arcas valencianas, ni decisiones ilegales; y si las hubiera habido, estarían ya prescritas. El caso no está cerrado aún para Camps porque el actual gobierno valenciano puede mantener las acusaciones, aunque la decisión de la Fiscalía debilita cualquier futura pretensión de condena.

Es evidente que ha llegado el momento de abordar una seria reforma del proceso penal para que deje de ser pasto de acusaciones politizadas, dilaciones injustificadas e imputaciones infundadas o precipitadas. La persecución de los delitos de corrupción ha sido y es una causa justa y legítima que no puede ser la coartada de un ejercicio desproporcionado de la autoridad penal del Estado. Las imputaciones deben ser fiscalizadas más y mejor en el seno de la Fiscalía y por los propios tribunales, las investigaciones deben abreviarse sin esperar indefinidamente a que aparezcan indicios contra los sospechosos, la prisión provisional no puede ser utilizada como una herramienta de presión sobre el sospechoso que no colabora con la policía. El escarnio público de los investigados se convierte en una marca indeleble. La justicia justiciera tiene muchos devotos mediáticos que se entusiasman con las detenciones, los encarcelamientos provisionales y los procesamientos, pero miran a otro lado cuando el ciudadano ya deshonrado es absuelto o su causa es archivada.