En manos de los que quieren romper España

Ayer se cumplió un año del comienzo operativo de la rebelión contra el Estado que supuso el asedio contra la Guardia Civil que, por mandato judicial, procedía al registro de la Consejería de Economía de la Generalitat y la detención de ... algunos de los responsables de la organización del referéndum ilegal. Las imágenes hablan por sí solas y suponen la prueba más evidente de que se trataba del comienzo de lo que más tarde cuajaría en un intento de golpe de Estado. La Justicia se está encargando de aplicar la ley a los cabecillas de la asonada ante el más grave ataque a la democracia y a la soberanía de los españoles, recogida en la Constitución, desde el 23-F. Esa respuesta del Estado no puede ser otra y es deber de todos respaldarla, en primer lugar apoyando la instrucción que el Tribunal Supremo está llevando a cabo, pese a las presiones sobre el magistrado Llarena para que se conceda la libertad condicional a los golpistas en prisión preventiva.