El depredador está en el móvil

Ya no cabe negar que la transmisión digital ha puesto en manos de niños y jóvenes unas herramientas de ocio e información que desbordan sus niveles de desarrollo intelectual. Por más que se reafirme el discurso de que las tecnologías no son peligrosas, sino el uso que se haga de ellas, la realidad obliga a replantearse este argumento y otros similares. Los menores acceden libremente a contenidos que perturban su percepción de las cosas, como sucede con la pornografía o la violencia, creyendo que son formas de relación trasladables a la vida real. Al mismo tiempo son víctimas directas de delitos contra su libertad sexual, sometidos a chantajes por adultos pederastas, a través de nuevas formas de delincuencia sexual telemática, lo que se conoce como ‘grooming’, ya aceptada en casos extremos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo como un delito de agresión sexual. La Fiscalía General del Estado alertó en 2021 de que, durante la pandemia del Covid-19, el acoso a menores por adultos a través de internet había aumentado un 50 por ciento; incremento que alcanzaba el 175 por ciento desde 2018.

Son delitos silenciosos y clandestinos, pese a cometerse en los propios hogares de las víctimas, con la absoluta ignorancia de las familias. Y este es otro problema que la sociedad debe abordar urgentemente. El modo de vida de los menores y los jóvenes gira en torno a la tecnología digital y se ha normalizado su uso sin restricciones familiares. Constituye un factor de debilitamiento de la comunicación entre padres e hijos y de las más básicas habilidades de relación social de los jóvenes. Condiciona sus formatos de lectura y escritura, incluso de comprensión de la realidad con esquemas simplistas que reducen su formación y lastran su madurez. Sin embargo, los padres que revisan los móviles y los ordenadores de sus hijos menores de edad están mal vistos, son tachados de intervencionistas, pero, al mismo tiempo, se les hace responsables legalmente de los delitos que cometan sus hijos contra otros y se les exige que les apliquen una eufemística “educación digital”. Hay que poner orden legal en la capacidad de los padres para controlar de forma efectiva el uso de móviles y ordenadores por sus hijos menores de edad.

La protección de los menores frente a la delincuencia digital es un reto de la sociedad, que no se está abordando porque se da por perdido. Sin embargo, este derrotismo luego se paga caro cuando del ‘chateo’ inocente se pasa a la violación en grupo.